En pleno siglo XXI, la movilidad sigue siendo un derecho pendiente para miles de habitantes de comunidades rurales en Durango, especialmente para los adultos mayores, quienes enfrentan múltiples obstáculos para trasladarse a centros de salud, escuelas, comercios o espacios públicos debido a la falta de infraestructura y políticas públicas adecuadas.

La diputada Mayra Rodríguez Ramírez, del PAN, denunció esta situación desde la tribuna del Congreso local, al presentar una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado. Su propuesta busca que los ayuntamientos incorporen de manera obligatoria medidas para garantizar la accesibilidad y seguridad vial en comunidades rurales, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

“Pensamos que la movilidad solo aplica a las ciudades, pero en los caminos de tierra que cruzan nuestras comunidades también vive gente que necesita llegar a una clínica, a una tienda o simplemente convivir. La movilidad no es un privilegio, es un derecho humano”, expresó Rodríguez Ramírez.

En muchas localidades del interior del estado, el transporte público es inexistente o insuficiente, las vialidades están deterioradas y no hay condiciones seguras para caminar. Esta realidad afecta particularmente a personas mayores, quienes en muchos casos son la población predominante debido a la migración de jóvenes hacia las ciudades.

La iniciativa propone que los ayuntamientos establezcan prioridades específicas para la movilidad rural y que estas se contemplen en sus políticas, programas y acciones. También plantea integrar el desarrollo rural como eje transversal en la planeación municipal sobre movilidad y seguridad vial.

“El acceso a la movilidad es también acceso a la salud, a la educación, al trabajo y al bienestar. No podemos seguir ignorando a quienes viven en nuestras zonas rurales solo porque sus necesidades no son tan visibles como las de las grandes ciudades”, enfatizó la legisladora.

Expertos en desarrollo social señalan que esta marginación es un reflejo del centralismo con el que se han diseñado históricamente las políticas públicas. En zonas rurales de Durango, tener un vehículo particular es muchas veces la única alternativa, lo que genera dependencia económica y aislamiento para quienes no lo poseen.

La propuesta busca abrir la puerta a un nuevo enfoque de movilidad con justicia territorial, reconociendo que garantizar el derecho al traslado seguro y accesible para todos los duranguenses, sin importar su código postal, es un paso esencial hacia la inclusión y la equidad.

Por: Antonio Gaytán