Por: Eduardo Ortega Solano

Existe un dicho popular que he acuñado como propio, el cual reza: “Quien hace la Ley, hace la trampa”, una expresión que queda ad hoc para referirnos a las “reformas político-electorales” que se han hecho a través de los años en la construcción de nuestra incipiente democracia. Hasta el día de hoy, la reforma político-electoral más importante que se ha realizado fue en 1977 y corresponde al sexenio de López Portillo, la cual fue impulsada por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. En un régimen hegemónico, donde la llegada de legisladores de oposición eran hechos extraordinarios, la inserción de cien diputados por la vía plurinominal fue un gran avance.

El umbral que tenían los institutos políticos para acceder a esta representación era del 1.5 por ciento (este se incrementó posteriormente). También se facilitó la creación y registro de nuevos partidos políticos, además, se inició con el financiamiento público, buscando reducir o eliminar las fuentes privadas. Asimismo, dio inicio la fiscalización de los recursos, y aunque de forma muy rústica, nacieron las autoridades electorales, precursoras del actual INE, las cuales   contaban con cierta independencia, porque, si bien es cierto que era presidido por el secretario de Gobernación, también incluían representantes de ambas cámaras y de los partidos políticos.

Como resultado de esta reforma en las elecciones de 1979, algunos partidos políticos no solo salieron de la clandestinidad, sino que obtuvieron su registro y varios pudieron contar con legisladores plurinominales, como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Comunista Mexicano (PCM). Esta reforma fue tomada como un nuevo hito dentro de los procesos electorales y la vida democrática. No cabe duda que fue un nuevo paradigma y pudo haber sido el inicio de una verdadera democracia en nuestro país. Pero también es necesario precisar que esta reforma de ninguna manera ponía en peligro la hegemonía del partido dominante (PRI), muy lejos se quedaba de dar un piso parejo para la oposición. Hoy por hoy, los cambios los hacen las mayorías para beneficio de las mayorías, pensar de otra forma todavía es una utopía.

A partir de esta reforma han existido por lo menos siete u ocho, todas más de forma que de fondo, y “por supuesto hecho por las mayorías para beneficiar a las mayorías”. En la reforma posterior a la del 77, es decir, la del 86, los plurinominales se incrementaron de 100 a 200 con una fórmula que da una gran ventaja a quien obtiene la mayoría. Todas las reformas han incluido la fiscalización de recursos, sin embargo, el 80 por ciento del dinero que se mueve en las campañas políticas es por “abajo de la mesa”. Los partidos más grandes obtienen una mayor tajada de las prerrogativas y tiempos de radio y televisión. En la reelección de legisladores que se aprobó en la reforma del 2014, los beneficiados son los partidos políticos, pues de ellos depende que los aspirantes a la reelección sea nuevamente candidatos. Las candidaturas independientes es una verdadera entelequia, la desventaja que tienen ante los candidatos de los partidos es ofensiva. Y existen legisladores que con la complicidad de sus partidos políticos han convertido las acciones afirmativas en una verdadera vacilada, y ni qué decir de la asignación de plurinominales, perdió su naturaleza y está convertido en botín de la oligarquía para cuotas y cuates.

La fórmula de repartición de las plurinominales fue realizada por el PRI, PAN y PRD, cuando tenían una mayoría, nunca se imaginaron que ahora podría operar en su contra, beneficiando a sus hoy adversarios de Morena y sus aliados. Tanto la Constitución como la Ley electoral son muy claras: “Aunque pueden participar en coaliciones, los votos se cuentan y se asignan de manera individual por partido. Tanto el INE como el Tribunal Electoral no tienen argumentos para asignar las diputaciones de otra manera, más que no existe algún antecedente histórico que en algún proceso electoral las diputaciones plurinominales se hayan asignado por coalición».