Por: Gilberto Jiménez Carrillo

Suele afirmarse que el amor y el dinero no pueden esconderse. Que se sepa, en el sexenio de Peña Nieto y en el José Rosas Aispuro hubo pocos casos de enamoramiento fulminante, pero eso sí, gran cantidad de enriquecimientos repentinos y ninguno debidamente fundamentado. Los miembros del primer equipo del expresidente y del exgobernador de Durango, salvo dos o tres honrosísimas excepciones, siempre fueron burócratas, jamás tuvieron un trabajo al margen de la nómina gubernamental. Nunca fueron otra cosa más que funcionarios federales o estatales y casi todos chafas, por cierto. Sin embargo, algo milagroso sucedió para que sus sueldos burocráticos, así fuesen los más altos cargos en la Presidencia, como secretarios de Estado o como gobernadores, les permitieron alcanzar el rango de multimillonarios y poseer propiedades muy por encima de esos niveles salariales.

Si nuestro sistema de justicia operara medianamente bien, bastaría una sencilla investigación sobre este grupo de servidores públicos, lo que incluye a presidentes municipales, senadores, diputados federales, diputados locales y hasta regidores, para saber cuánto ganaban en los distintos cargos que ocuparon y qué patrimonio poseen hoy. Supongamos que estos nuevos millonarios de sexenio, trienio o legislatura no gastaron un centavo, ni siquiera en alimentación, ir algún día con su pareja al cine o pagar la colegiatura de sus hijos; todos sus gastos personales, aunque no fuese ético, los metieron indebidamente en alguna cuenta de gastos de la dependencia que ocupaban. Después de sacar esa cuenta, con su sueldo íntegro e incluso con créditos hipotecarios que hayan conseguido ¿corresponde su patrimonio a ese sueldo ahorrado íntegramente? Si la respuesta es afirmativa, bastaría con que mostraran sus estados de cuenta y de esa manera limpiarían su nombre y se ahorrarían las penurias del delirio de persecución. Si, por el contrario, no son capaces de demostrar que lo que poseen es fruto de su trabajo, entonces tendrían un verdadero problema con la justicia.

Cuando se les persigue por enriquecimiento inexplicable, la respuesta prácticamente automática del sospechoso es que están siendo objeto de una persecución política. Si contaran con una fortuna limpiamente ganada, tendrían los mejores argumentos para librarse de cualquier persecución, pero, hasta hoy, ninguno de los altos funcionarios del sexenio pasado ha salido a defender su riqueza mostrando evidencia. El enriquecimiento es más que explicable. Las informaciones que prueban la corrupción son tan frecuentes como aberrantes. El enriquecimiento de no pocos es perfectamente explicable: se ha dado desde el poder, si no, cómo justifican sus propiedades y su tren de vida los que antes de ser funcionarios, alcaldes, gobernadores, diputados o senadores no tenían ni en sueños. Pero para los que se han acostumbrado a la vida ilícita, está en desuso ser honesto. Lo inmoral y la falta de ética son devoradas por la ambición de la riqueza inescrupulosa, es decir, ganamos lo que legítimamente nos corresponde: una contraprestación por un trabajo efectuado.

Podemos aspirar a más, siempre y cuando las condiciones laborales, políticas, académicas y de diversa índole nos sean favorables. De otra manera, la dinámica de la competencia favorecerá a quien, en un mundo desigual, sea más astuto y más ágil.

En el servicio público y en el poder político de nuestro país, la historia de conductas delictivas relacionadas con su función es penosamente larga, sin embargo, la mano de la justicia no ha alcanzado a la mayoría de los transgresores. En este pobre país de impunidad, corrupción y descaro, la Ley no alcanza a muchos funcionarios, que una vez que dejan de serlo pasan a ser nuevos millonarios de manera inexplicable, cuando todo mundo sabe de dónde salió su riqueza, por eso millones de pesos y luego de años de enriquecimiento es entendible que nadie piensa en dejar el poder y perder los privilegios y millones de pesos que deja el servicio público, por eso es que estos personajes buscan desesperadamente tener poder y si lo tienen no soltarlo. La frase o figura jurídica de “enriquecimiento inexplicable” debería ser abolida porque el enriquecimiento de los hombres y mujeres que están en el poder, lo representan o están cerca de él, siempre ha sido explicable, lo que la mayoría de las veces resulta es incomprobable. Enriquecimiento inexplicable o enriquecimiento explicable, más claro ni el agua.

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