Por: Antonio Gaytán

El Congreso del Estado aprobó la Ley de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango. Con esta Ley, se fortalece el desarrollo del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap) en su etapa de consolidación a partir de su creación en 2013 por iniciativa de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de su puesta en marcha en 2016.

En noviembre de 2021, el consejero presidente del Inevap, Emiliano Hernández Camargo, en representación del consejo general, que integra Isaura Leticia Martos González y Francisco Antonio Vázquez Sandoval, presentaron al Congreso Local la iniciativa de Reforma y Adiciones a la «Ley que crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango», con ese acto, el instituto ejerció la facultad de iniciar leyes y decretos que le da la Constitución del Estado.

La nueva Ley aprobada por todos los diputados y diputadas de los grupos partidistas en el Congreso del Estado incrementa las capacidades institucionales de este organismo autónomo, porque establece la estructura del Inevap que venía funcionando conforme al Reglamento Interior del instituto y regula la Evaluación de Políticas Públicas en el Estado de Durango, también fortalece al Inevap, vinculado al Sistema de Planeación del Desarrollo del Estado, dijo Emiliano Hernández Camargo.

Destacó Hernández Camargo que para el Inevap es importante contar con esta Ley de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, porque promueve la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental: «Además, tendremos la oportunidad de presentar un Informe Anual de Resultados de las Evaluaciones en la fecha que dispone la legislación del Congreso, y se establece que se presente antes del 30 de noviembre un documento de consideraciones presupuestales, dando cumplimiento al artículo 159 de la Constitución».

El consejero presidente precisó que para el Inevap conformar una comunidad plural que hable de evaluación es sumamente importante. Señaló, además, que en esta Ley se ve cristalizado este aspecto al facultar al instituto para conformar un panel consultivo que fortalezca la vinculación con instituciones académicas y sociedad civil.

«El marco legal del instituto es fundamental para lograr, de mejor manera, su propósito, pues con las evaluaciones se genera información que contribuye para que los gobiernos sean más precisos en las acciones que realizan para la población», finalizó Emiliano Hernández Camargo.

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