Por: Silvia Ornelas
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la llamada Ley Ingrid, una reforma para castigar con seis meses a seis años de prisión y multa de 36 a 432 veces la UMA a los servidores públicos que difunda imágenes, audios o videos relacionados con una víctima o algún delito.
La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sandra Amaya Rosales, señaló que respaldar la Ley Ingrid en la entidad permitirá que nunca más un servidor público comparta, difunda o comercialice imágenes de la escena del crimen, alimentando el morbo y el amarillismo.
«Tenemos que poner fin a la revictimización mediática, la discriminación y estigmatización contra las mujeres, y principalmente terminar con la impunidad de los delitos», puntualizó.
Mencionó que se deben dejar de lado los colores partidarios y sumar esfuerzos en beneficio a estas luchas de mujeres feministas que aclaman justicia en las calles, por los derechos de las víctimas, por los derechos de las mujeres y de todas las personas.
Destacó el suceso tan terrible que le sucedió a Ingrid, quien tenía 25 años cuando su pareja sentimental la asesinó el 9 de febrero del 2020, en el Estado de México.
Tras una discusión, la desolló y lanzó sus órganos internos a una coladera cercana. Su cuerpo presentaba múltiples laceraciones de arma blanca.
Este crimen tan terrorífico y lamentable fue conocido a lo largo del país, ya que las imágenes de la víctima fueron filtradas y difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación decidieron publicarlas. Algunos la titularon en su portada como «La culpa la tuvo Cupido» y colocaron una foto grande y explícita del cuerpo de Ingrid.
«La muerte de una mujer es un hecho que nos duele y nos enfurece, es lamentable que solo por el hecho de haber nacido mujeres ya sea un motivo de vulnerabilidad y riesgo», finalizó.