Por: Antonio Gaytán
Detenidos por muertes de meningitis no son “chivos expiatorios”, aseguró el secretario General de Gobierno, Héctor Vela, ante las expresiones del gremio médico y familiares de los inculpados.
“En este Gobierno se trabaja con base en evidencias, con base en los testimoniales y las cientos de declaraciones que se hicieron; fue un trabajo de investigación muy pormenorizado”, apuntó.
Los detenidos:
- Omar “N”, con especialidad en anestesiología, a quien se le imputa por no haber cumplido con las normas oficiales mexicanas y la Ley General de Salud, ya que realizaba prácticas indebidas, y cómo tal, diversos procedimientos en los hospitales dónde se detectaron casos de meningitis micótica en Durango.
- Guadalupe “N”, verificadora de Coprised, por omitir detalles obvios como el mal manejo de los medicamentos, incorrecta limpieza y el mal estado de quirófanos.
- Joaquín “N”, ex titular de la Coprised, por no contar con título profesional y no satisfacer los requisitos legales de la dependencia que encabezaba.
Referente de los cuestionamientos del porque se tardaron semanas en detener a los presuntos implicados en el brote de meningitis, el funcionario explicó que fue porque la investigación fue bien realizada, con el tiempo necesario para hacer bien las cosas.
La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) realizó un trabajo minucioso e integró una carpeta de investigación completo para evitar violaciones al debido proceso.
Héctor Vela menciona que ha participado en innumerables reuniones con la titular de la FGED, Sonia Yadira de la Garza, y aseguró que las detenciones están bien sustentadas.
Sobre un amparo que tenía el anestesiólogo Omar “N” y que no se respetó, el secretario Vela Valenzuela dijo que ese tema se abordó con el Colegio Médico y se aclaró que no existe.
Finalmente y en relación a las protestas por la detención del médico y la verificadora, el secretario dijo que tienen el todos tienen el derecho de manifestarse, todos tienen el derecho de expresar sus puntos de vista, sin embargo, reitera, existe suficiente evidencia para que la FGED haya procedido.
Hay otras siete ordenes de aprensión pendientes en contra de administradores y dueños de los hospitales privados donde se contagió a las y los pacientes, las cuales serán ejecutadas cuando sean localizadas estas personas que están prófugas de la justicia.
