Por: Noemy Contreras.

El pasado 27 de febrero de 2003 entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado en el que establece la transparencia de gasto público a los tres poderes del estado, ayuntamientos, órganos autónomos, así como a las personas de derecho público y privado.

Cada año, cada municipio y dependencias están obligados a proporcionar la información gubernamental, este año el municipio de Durango cerró con un 91 por ciento, para el 2021 con un 92 por ciento; 2020 con 91 por ciento, en 2019 obtuvo el porcentaje más bajo con un 80 por ciento.

«Las obligaciones de transparencia son como un reflejo del control interno que tiene cada una de las dependencias, porque si están poniendo todo a disposición del ciudadano también quiere decir que internamente están cumpliendo con las atribuciones y obligaciones que les corresponden», expresó Paulina Compean, comisionada presidenta del IDAIP.

Asimismo, comentó que existen algunos municipios que no habían atendido sus obligaciones de transparencia, inconformidades y denuncias, en administraciones pasadas, tales como: Súchil, Coneto de Comonfort, Guanaceví, Tamazula y Tlahualilo.

Al no mostrar la transparencia, se les acredita sanciones y amonestaciones económicas, directamente al servidor público que no esté cumpliendo con lo establecido.

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