Por: Juan Carlos Chávez

La Auditoría Forense que se practicará al último año de la administración de José Ramón Enríquez debe abarcar los dos anteriores, hay que recordar que el Congreso del Estado rechazó la cuenta pública correspondiente al 2018, lo cual indica la necesidad de un ejercicio más completo, así lo consideró Daniela Soto Hernández, regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que a pesar de que se solicitó la información a través de varios medios sobre el costo de dicha auditoría, hasta ahorita no hay respuesta.

Dijo que tal vez en la revisión de la documentación correspondiente al 2019 se encuentren algunos comportamientos irregulares, especialmente en el área de proveedores, pero se debe tomar en cuenta que la información del 2018 pasará a la Auditoría Superior del Estado en negativo, de ahí la necesidad de que el Alcalde considere auditar lo correspondiente a tres años de administración.

Por último, consideró que ante la serie de declaraciones que se han hecho en torno a situaciones como la existencia de personas que cobraban sin trabajar y del quebranto financiero por supuestos malos manejos, urge que los ciudadanos tengan la certeza de que se castigará a quien ocasionó un daño al patrimonio municipal, si es que esto se presentó a lo largo de tres años de periodo.