Policía municipal de Durango, la más violenta en desalojos
Los policías municipales de Durango son la corporación más cuestionada por violar derechos al intervenir en desalojos de viviendas.
El desalojo de familias de casas, incluso de interés social, continúa en el estado, a pesar de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho respecto a que ya no habrá este tipo de despojos.
Grupo Garza Limón realizó un análisis de las quejas interpuestas contra policías, de diversas corporaciones, por violación a derechos humanos en desalojos registrados de 2017 a 2020. Este mostró que es la Dirección Municipal de Seguridad Pública de la capital la más denunciada.
Son diez quejas las que se generaron en los últimos tres años, de las cuales cinco son contra la policía municipal de Durango. También se señaló a corporaciones como la Policía Estatal, Policía Investigadora de Delitos (PID), y Agentes del Ministerio Público.
Asimismo hubo quejas contra dependencias como la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, y Comisión Estatal de Suelo y Vivienda.
Tratan con crueldad a ciudadanos
La gravedad del abuso de autoridad cometido por policías municipales al momento de desalojar, ha provocado daños psicológicos y físicos en las víctimas. Por esto las quejas han procedido.
Entre las principales violaciones perpetradas se encuentra el trato cruel, inhumano o degradante. La línea entre éste y la tortura es muy delgada, admitió la primera visitadora Alma Aguirre. 
En entrevista precisó que «el trato cruel no nada más lo identificamos como una lesión corporal sino también una afectación psicológica».
La diferencia con la tortura radica en la finalidad de la misma, que es obtener una confesión. «Hay un punto extra que es poder determinar o sacarle a la víctima una presunta responsabilidad a base de tratos crueles inhumanos y degradantes», explicó.
Agreden verbalmente y dañan psicológicamente
La principal causa de queja por violación a derechos, cometida por los policías capitalinos, es faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en su desempeño.
Esto se traduce en agresiones que cometen contra los ciudadanos al momento de, en este caso, el desalojo.
La primera visitadora definió que este concepto «es la agresión verbal que no llega a un menoscabo en su integridad física». Sin embargo, genera «malestar al ciudadano».
Seis de las diez quejas, interpuestas de 2017 a 2020, son por este motivo y se encontró responsable a policías municipales de la capital.
Tres se registraron en 2017, mientras en 2018 y 2019 documentaron un par de quejas, por esta causa, cada año.
En tanto que en 2020 y 2019 se presentaron las quejas por el trato cruel, inhumano y degradante. El caso más reciente fue el del expediente CEDH/1/622/2020.
Pero los policías municipales no son los únicos en la lista de quejas por violación a derechos humanos en desalojos.
Los policías estatales y policías investigadores de delitos (PID) también agredieron a ciudadanos. La forma fue: apoderarse de un bien sin el consentimiento del propietario, destruir propiedad privada y trato cruel, inhumano o degradante.
En el caso de PID una queja fue en la capital y otra contra personal que trabajaba en Guanaceví.
A pesar de que cada vez hay más información y capacitaciones para los servidores públicos sobre la protección de los derechos humanos, los actos violatorios no dejan de suceder, así lo muestran las estadísticas, que ni la pandemia ha podido detener.
Esto a decir de la primera visitadora se debe a «falta sensibilización» en los policías. «Porque capacitación la tienen», dijo.
Cabe mencionar que en los últimos tres años, 2017 es el que registró más quejas por violación a derechos en desalojos a familias. Ese año ocurrieron cuatro, mientras que en 2018 fueron dos, en 2019 hubo tres y una corresponde a 2020.
