Marcela Rosales, es trabajadora del Gobierno del estado, estuvo en la subdirección de Movilidad y Transportes, sin embargo, denunció que es víctima de acoso porque quieren obligarla a renunciar, adjudicándole un proceso de asignación de una concesión que supuestamente es inexistente. Aseguró que su trabajo se limita a ser cajera y no tiene los accesos para un movimiento de este tipo, por lo que pidió que se investigue a fondo.
«Hay una persona que puso una denuncia porque en 2018 le compró unas placas a otra persona, pero nunca se aseguró de que el trámite estuviera correcto. El vendedor falleció y cuando el comprador quiso hacer el cambio de vehículo se dio cuenta de que no tenía ninguna concesión. El único documento con que cuenta es un recibo de pago que le di cuando hizo el trámite», mencionó la reportnte.
Destacó que para tener ese recibo se tiene que hacer todo un procedimiento y si no hubiera tenido concesión no habría pasado el trámite en caja.
Marcela mencionó que ahora le están pidiendo que renuncie a su trabajo como “reparación del daño” o que compruebe que el trámite se hizo bien, pero los archivos para cumplir esta última condición son internos de transportes y ella no tiene acceso.
Cabe resaltar que la afectada tiene el respaldo legal de la expresidenta de la Barra de Abogados, Marta Arreola, quien señaló que se debe hacer una investigación a fondo y que no debe haber chivos expiatorios.
Por: Brenda Maurer
Te puede interesar: OMS da fin a emergencia mundial por COVID-19; Durango perdió más de 3 mil vidas
