La venta de plazas en el sector educativo es uno de los actos de corrupción más antiguos en el estado. Aunque se han aplicado diversas estrategias, de las cuales las autoridades aseguran que el objetivo es combatir el tráfico de plazas, éste continúa en la entidad.

Se ofrecen en 80 mil pesos, pero de acuerdo con investigaciones realizadas por personal de la Fiscalía Anticorrupción de Durango, en la mayoría de los casos se trata de fraudes, ya que los compradores no obtienen un lugar en la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED).

Hagamos memoria… 

En 2013 con la Reforma Educativa, el Gobierno de ese momento aseguraba haber erradicado la venta de plazas. Se señalaba al sindicato magisterial de ser el corruptor de la asignación de plazas, se sabía que se entregaban por venta directa o favores, aunque poco se decía que en ocasiones se hacía en acuerdo mutuo con autoridades.

Así llegó el Servicio Profesional Docente, con el cual se pensó que con concursos de oposición se eliminaría la venta de plazas, pero no fue así, solo se modificó su operación.

Los que «enganchan y tramitan supuestamente este tipo de asuntos, son personas que operan ahí mismo en los patios de la secretaría», indicó el fiscal, Héctor García. Ofrecen al docente una plaza de mayor jerarquía, mencionó.

El costo es de 80 mil pesos, casi siempre, según los casos analizados en la Fiscalía. Sin embargo, esta cantidad no rendirá frutos para el comprador ya que han encontrado un mecanismo cuyo factor principal es el aletargamiento.

«Al final del día resulta que es toda una forma de engañar, de llevar a una lógica de pérdida de tiempo hasta que finalmente las personas se dan cuenta que fueron engañados», explicó Héctor García.

Ante la implementación del Servicio Profesional Docente, los grupos de delincuentes dedicados a estos fraudes se han «sofisticado», indicó el fiscal. «Ya están muy bien integrados, que ya saben cómo burlar a la autoridad».

Por este delito, la Fiscalía investiga media docena de casos, en los que se ha identificado que no son servidores públicos los traficantes de plazas. «Son particulares que también a veces tienen alguna relación con servidores públicos», dijo al aclarar que por esto muchas veces los casos no son competencia de esta instancia, sino que son canalizadas a la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción ha judicializado solo un caso, en el cual se comprobó participación de un servidor público, la investigación aún no termina.

El entrevistado precisó que era «un jurídico que en un momento dado estuvo involucrado en un problema serio ahí en el área de la Secretaría de Educación».

Existen otros casos, en los que los traficantes de plazas han acudido a la Fiscalía a entregarse. «Vinieron ya a desistirse de alguna manera al saber que estaban ya denunciados, corrieron a devolver el dinero», refirió el fiscal.

De esta manera, es evidente que la corrupción en el sector educativo no ha terminado con los exámenes para la obtención de plazas, aunque hasta el momento en la aún joven Fiscalía Anticorrupción, no han investigado un caso en el que se concretara la venta, solo situaciones de fraudes.