La Justicia brasileña inició este martes el juicio contra diez militares señalados de haber planeado el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del magistrado Alexandre de Moraes, en el contexto del intento de golpe de Estado de 2022, encabezado por el exmandatario Jair Bolsonaro, actualmente condenado a 27 años de prisión.

El proceso, que se desarrolla en la Primera Sala de la Corte Suprema, está previsto para extenderse hasta el 19 de noviembre y se considera una continuación directa del caso Bolsonaro, condenado en septiembre por conspirar para impedir la investidura de Lula tras su victoria electoral en octubre de 2022.

Según la Fiscalía General de la República, los acusados —en su mayoría integrantes de un grupo de élite del Ejército brasileño— diseñaron un plan denominado “Puñal Verde Amarillo”, cuyo objetivo era ejecutar un magnicidio coordinado contra las principales figuras del nuevo gobierno.

Las investigaciones de la Policía Federal sostienen que los militares informaron directamente a Bolsonaro sobre el plan en noviembre de 2022, cuando el entonces presidente aún estaba en funciones. La Fiscalía subraya que las pruebas recopiladas, entre ellas registros de acceso al Palacio de la Alvorada, mensajes entre allegados al exmandatario y análisis de reuniones celebradas en la época, demuestran que Bolsonaro conocía los preparativos y que sus colaboradores seguían de cerca los movimientos de Lula, Alckmin y De Moraes.

El autor intelectual del plan habría sido el general retirado Mario Fernandes, quien en aquel momento fungía como viceministro de la Secretaría General de la Presidencia. Los documentos obtenidos por la investigación detallan incluso logística, armas de guerra y vehículos blindados que serían utilizados en la operación.

Por los hechos relacionados con el intento de golpe, la Fiscalía ha presentado acusaciones contra Bolsonaro y otras 36 personas, entre ellas exministros y exjefes militares. Hasta ahora, ocho implicados han sido condenados, con penas que van de dos a 27 años de prisión.

La semana pasada, la Corte Suprema rechazó las apelaciones de Bolsonaro y de los otros siete sentenciados, dejando las condenas firmes. El expresidente, de 70 años, permanece en prisión domiciliaria desde agosto, medida que su defensa intenta mantener alegando problemas de salud, entre ellos las secuelas de una puñalada sufrida en 2018 y un incipiente cáncer de piel diagnosticado recientemente.

Este nuevo juicio representa uno de los episodios más graves de la crisis política brasileña de los últimos años, al revelar la participación de sectores militares en planes de violencia política que, de haberse concretado, habrían alterado el rumbo democrático del país.

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