Las autoridades federales de Estados Unidos rompieron el silencio este martes para defender el operativo que resultó en la detención de Liam Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años. En medio de temperaturas récord de -23 °C y una creciente ola de indignación social, el ICE y la Patrulla Fronteriza sostuvieron que sus agentes actuaron bajo protocolo, a pesar de que el menor fue trasladado a un centro de detención en Texas, a miles de kilómetros de su hogar.

La defensa oficial: «Expertos en niños»

El oficial de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, rechazó las críticas sobre el trato al menor, asegurando que su personal posee la pericia necesaria para manejar situaciones con infantes. Por su parte, el comandante del ICE, Marcos Charles, atribuyó la detención a la huida del padre, Adrián Alexander Conejo, afirmando que los agentes intentaron contactar a la madre sin éxito antes de asegurar al niño.

Contradicción legal: ¿Asilo o deportación?

El caso ha evidenciado una grave discrepancia entre los registros federales y la defensa legal de la familia:

Versión del ICE: Sostiene que padre e hijo entraron ilegalmente y son «deportables».

Versión de la defensa: El abogado Marc Prokosch afirma que la familia cumplió con todos los pasos legales para solicitar asilo en Mineápolis y que su estatus es legal bajo dicho proceso.

La detención de Liam —descrito por su maestra como un «estudiante brillante»— ha escalado al ámbito nacional. La exvicepresidenta Kamala Harris denunció el uso de menores como «carnada» en operativos migratorios. Mientras tanto, en las calles de Mineápolis, los ciudadanos mantienen protestas masivas bajo condiciones climáticas extremas, bloqueando accesos al aeropuerto local desde donde se realizan los vuelos de deportación.

El futuro inmediato

La tensión se trasladará a las cortes el próximo lunes, cuando se lleve a cabo una audiencia clave. El estado de Minnesota ha solicitado una orden de restricción temporal que, de ser aprobada, obligaría al ICE a suspender sus operaciones tácticas en el territorio estatal, marcando un precedente en el conflicto entre la autonomía local y la autoridad federal.

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