El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, liderado por Antonia Orellana, presentó un proyecto de ley ante el Congreso que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.

Este proyecto, que elimina la necesidad de invocar causales específicas, representa un avance significativo en los derechos sexuales y reproductivos del país.

Hasta ahora, el aborto en Chile solo es legal bajo tres causales: riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y violación, la legislación actual, aprobada en 2017, marcó un primer avance, pero el nuevo proyecto pretende ir más allá, eliminando el componente penal y asegurando acceso universal sin barreras económicas.

Reacciones y debates

El anuncio del proyecto ha generado diversas reacciones tanto dentro como fuera del Congreso. La ministra Orellana hace un llamado a que el debate se desarrolle con base en evidencia, anticipando la resistencia de sectores conservadores.

En 2021, un intento similar fue rechazado, lo que incrementa la expectativa sobre esta nueva discusión que comenzará el próximo lunes.

Impacto social

Se estima que en Chile se practican entre 40,000 y 170,000 abortos clandestinos anualmente, lo que refleja una desconexión entre la legislación actual y la realidad social, por lo que el proyecto no solo busca legalizar el aborto, sino también incluirlo como parte integral del sistema de salud pública, brindando a las mujeres, especialmente a las más vulnerables, el derecho a decidir sin ser criminalizadas.

Este proyecto, que promete un debate intenso y polarizado, podría convertirse en un punto de inflexión en la historia de los derechos sexuales y reproductivos en Chile.

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