Miembros del Caucus Congresional Hispano solicitaron formalmente al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, rechazar una propuesta incluida en el proyecto de ley fiscal republicano que contempla un impuesto especial del 5% a las remesas enviadas por trabajadores migrantes a sus países de origen.

En una carta enviada al líder legislativo, los congresistas señalaron que esta medida tendría efectos desproporcionadamente negativos en las comunidades inmigrantes, afectando directamente a millones de familias que dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación.

“Esta disposición es errónea y contradice los principios de libertad económica y responsabilidad personal que el Congreso afirma defender”, advierten los legisladores.

El grupo recordó que las remesas no son gastos superfluos, sino un pilar clave en el sostenimiento de hogares y economías locales en muchas naciones con ingresos bajos y medios. Tan solo en 2023, los residentes en Estados Unidos enviaron más de 93 mil millones de dólares en remesas a nivel mundial, según cifras del Banco Mundial.

Además, citaron datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que indican que estos flujos económicos pueden representar entre 20% y 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de países como Haití, Honduras y El Salvador, convirtiéndose en motores de desarrollo que financian desde pequeños negocios hasta infraestructura básica, en contextos donde los gobiernos no logran cubrir esas necesidades.

Los congresistas también alertaron sobre las implicaciones diplomáticas y migratorias de la propuesta. Argumentaron que gravar las remesas aumentaría la presión migratoria en el hemisferio occidental al debilitar las economías receptoras y agudizar la dependencia de la ayuda exterior.

Asimismo, criticaron que la propuesta genere un sistema “de dos niveles”, ya que eximiría del impuesto a ciudadanos estadounidenses, mientras sí aplicaría a titulares de tarjetas de residencia y visas de no inmigrante, muchos de los cuales —destacaron— ocupan puestos clave en sectores como la agricultura, la salud, la infraestructura y la tecnología.

“Se trata de una política punitiva, discriminatoria en la práctica y contraproducente en sus efectos”, concluyeron.

Finalmente, los legisladores subrayaron que solo en 2024, América Latina y el Caribe recibieron más de 160 mil millones de dólares en remesas, de los cuales 65 mil millones fueron destinados a México, seguido por montos importantes enviados a Guatemala, Colombia, República Dominicana y El Salvador. Ante ello, insistieron en que aprobar este impuesto sería fiscalmente imprudente y dañino para las relaciones bilaterales en la región.

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