El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este lunes nuevas restricciones para limitar la contratación de trabajadores extranjeros temporales con salarios bajos por parte de las empresas del país. Este cambio en la política de inmigración tiene como objetivo fomentar la contratación de trabajadores nacionales y reducir la dependencia de la mano de obra extranjera de bajo costo.

Trudeau, en declaraciones a los medios en Halifax, destacó la importancia de que las empresas canadienses inviertan en formación y tecnología en lugar de recurrir a trabajadores extranjeros temporales con salarios inferiores.

«Ya no necesitamos tantos trabajadores extranjeros temporales«, afirmó el primer ministro, señalando que la situación económica actual del país requiere un enfoque diferente.

Nuevas medidas

Las nuevas medidas incluyen el rechazo de solicitudes de trabajadores extranjeros temporales con salarios bajos en regiones con una tasa de desempleo del seis por ciento o más a partir del 26 de septiembre. Además, se limitará a los empleadores a contratar solo un máximo del 10 por ciento de su fuerza laboral a través del programa de trabajadores extranjeros temporales, en comparación con el 20 por ciento anteriormente permitido.

Los trabajadores contratados bajo este programa también verán su período de trabajo reducido de dos años a un año. Si bien se han establecido excepciones para sectores específicos como la atención médica y la construcción, estas medidas buscan controlar la afluencia de trabajadores extranjeros temporales al país y promover la contratación de ciudadanos canadienses.

Este cambio en la política de inmigración se produce en medio de críticas al gobierno liberal por permitir un aumento significativo en la contratación de trabajadores extranjeros temporales en los últimos años. Según datos de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, el número de permisos temporales para trabajadores extranjeros ha aumentado dramáticamente, pasando de 98,025 en 2019 a 183,820 en 2023, lo que representa un aumento del 88 por ciento.

Estas medidas, junto con la consideración de reducir los objetivos de inmigración para residentes permanentes, reflejan un cambio en la política de inmigración del gobierno federal para abordar las necesidades de la fuerza laboral y la economía en un momento de incertidumbre económica.

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