El Gobierno de Javier Milei disolvió formalmente el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), tras detectar una serie de irregularidades en su funcionamiento. Este organismo, creado en 1995 para combatir todo tipo de discriminación en Argentina, pasará ahora a ser responsabilidad del Ministerio de Justicia argentino, según anunciaron fuentes oficiales este martes.

El cierre del Inadi se realizó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, donde se detalló que el 85% del presupuesto del organismo se destinaba al pago de sueldos, mientras que el 15% restante se utilizaba en gastos obligatorios. Además, se descubrieron más de 7 mil expedientes sin resolver desde el año 2016, lo que evidenciaba un desorden administrativo en la entidad.

Entre las razones que llevaron al cierre del Inadi, se destacó un informe que señalaba irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y mal uso de recursos. Según el Gobierno, la entidad contaba con un excesivo número de agentes contratados –431 para 44 sedes en todo el país- sin un adecuado control de su labor. Esto representó un gasto de 315 millones de pesos y más de 2.300 jubilaciones mínimas solamente en el mes de marzo.

Desde su creación, el Inadi había sido objeto de intervenciones por parte de las diversas administraciones de turno, lo que había afectado su autonomía y efectividad. La decisión de cerrarlo definitivamente ha generado preocupación en varios sectores de la sociedad argentina, que consideran que se está descuidando la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica en el país.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), una de las organizaciones que impulsó la creación del Inadi hace casi tres décadas, ha expresado su descontento. Consideran que el cierre del organismo atenta contra los avances logrados en la lucha contra la discriminación en Argentina, y que podría tener un impacto negativo en la convivencia de la sociedad.

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