El gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una nueva normativa que afecta directamente a las escuelas K-12 en Estados Unidos. Estas instituciones deben certificar que están cumpliendo con las leyes federales de derechos civiles y eliminar prácticas relacionadas con la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) si desean continuar recibiendo fondos federales. Esta medida forma parte de una campaña más amplia para modificar o eliminar políticas de DEI en el ámbito educativo.

Implicaciones para las escuelas

El Departamento de Educación ha dado a las escuelas y a los estados un plazo de 10 días para firmar y devolver la certificación que confirma el cumplimiento de estas normativas.

Este paso se presenta como una escalada significativa en la política de la administración republicana, que busca utilizar esta certificación como un medio para potencialmente retirar fondos federales a sistemas escolares que no cumplan con los nuevos estándares.

Reacciones y consecuencias

Craig Trainor, secretario asistente interino para derechos civiles, ha enfatizado que la asistencia financiera federal es considerada un privilegio y no un derecho, sugiriendo que muchas escuelas han estado incumpliendo con sus obligaciones legales.

Las consecuencias para las escuelas que no cumplan podrían ser severas, incluyendo la pérdida de fondos del Título I, que son cruciales para muchas instituciones en áreas de bajos ingresos.

También te puede interesar:

• Aprobación de Trump se desploma al 43%, el punto más bajo desde su regreso a la presidencia