Diversos menores inmigrantes residentes en Illinois han comenzado a recibir cartas firmadas por el gobierno federal de Estados Unidos, en las que se les notifica la cancelación de su permiso de entrada condicional al país y se les advierte sobre medidas de deportación, sanciones económicas e incluso procesos penales si no abandonan el territorio estadounidense de inmediato.

Las misivas, dirigidas directamente a los niños, comienzan con frases como “Es hora de que salgas de Estados Unidos” y señalan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha decidido retirar el permiso humanitario que previamente les había sido otorgado bajo programas de protección a menores no acompañados.

La medida ha generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos de los migrantes, líderes religiosos y abogados, quienes consideran que estas acciones representan una escalada preocupante en las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump.

“Es algo nunca visto”, declaró la pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope, con sede en Waukegan. La líder religiosa calificó las cartas como un acto “barbárico” y cuestionó el impacto psicológico que este tipo de comunicaciones oficiales puede tener en menores de edad que, años atrás, ingresaron al país sin compañía adulta y fueron luego reunidos con familiares ya establecidos en EE. UU.

Según Contreras, decenas de menores del área, principalmente de origen mexicano, recibieron estos avisos. La mayoría ingresó legalmente en 2014 a través de un programa humanitario que les permitió estar bajo el cuidado de familiares o tutores. Sin embargo, por su condición migratoria, estos niños no pueden ser representados legalmente por sus padres en los tribunales de inmigración, y dependen de abogados de oficio, cuya disponibilidad ha disminuido por recortes presupuestales recientes.

Organizaciones como Monarquía, en Chicago, advierten sobre un “desmantelamiento silencioso” del sistema de protección a menores migrantes. Su líder, la pastora Davina Casas, explicó que el gobierno federal ha revocado permisos humanitarios y reducido el acceso a asistencia legal, pese a que la ley estadounidense establece protecciones específicas para los menores no acompañados.

En marzo, la administración Trump eliminó los fondos para la defensa legal de estos menores, y aunque una demanda judicial logró una restitución temporal de recursos, la capacidad de atención sigue siendo insuficiente. Casas afirmó que incluso con el apoyo judicial, “el sistema no está garantizando una defensa mínima para los niños”.

En algunos casos, familias han optado por buscar refugio en iglesias, temiendo la detención de los menores. Tres niños llegaron al santuario de Contreras acompañados por familiares, mientras que otro fue entregado solo debido al miedo de sus padres. “Estados Unidos está perdiendo su humanidad”, lamentó la pastora, al cuestionar la efectividad y seguridad de los espacios de protección tradicionales.

Datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), adscrito a la Universidad de Syracuse, indican que desde enero de este año, los tribunales de inmigración han ordenado la deportación de más de 53 mil menores inmigrantes. Entre ellos, más de 8,300 tenían once años o menos, y aproximadamente 15 mil eran niños menores de cuatro años.

Defensores de derechos humanos y líderes comunitarios advierten que estas políticas afectan a menores que, lejos de representar una amenaza, se encuentran en situación de vulnerabilidad y enfrentan un proceso migratorio complejo sin recursos suficientes para defenderse. Mientras tanto, las cartas continúan llegando, generando temor y angustia en comunidades enteras.

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