Mientras un brote de sarampión se extiende por otros estados, Idaho ha decidido poner fin a las campañas de vacunación financiadas públicamente para las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Esta medida es parte de una nueva ley promulgada por el gobernador republicano Brad Little, la cual también elimina otras prestaciones públicas como pruebas de enfermedades contagiosas, atención prenatal y postnatal, asesoramiento en crisis y asistencia alimentaria para niños.

Medidas de restricción

La ley, que entrará en vigor el 1 de julio, parece ser la primera de su tipo desde que el presidente Donald Trump ordenó una verificación más estricta de la elegibilidad para prestaciones públicas.

Estados con gobiernos republicanos han seguido esta línea, negando licencias de conducir y aumentando penas para inmigrantes ilegales. Aunque la ley federal prohíbe a los inmigrantes ilegales recibir prestaciones como Seguridad Social y Medicaid, Idaho está eliminando algunas excepciones que permitían ciertos beneficios.

Impacto en la salud pública

El senador republicano Phil Hart aclaró que los fondos estatales aún podrán usarse para servicios de emergencia y para bebés nacidos en EE.UU. de padres ilegales. Sin embargo, otras atenciones como las vacunaciones deberán ser costeadas de manera privada.

Opositores a la ley argumentan que podría comprometer la salud pública, especialmente durante el brote de sarampión, y afectar la atención prenatal, lo que contradice la postura pro-vida del estado.

Valerie Lacarte del Instituto de Políticas de Migración señaló que la pregunta sobre el estatus migratorio puede disuadir a las personas de buscar atención médica.

Por su parte, Claudia Weathermon de Terry Reilly Health Services expresó que su organización está buscando maneras de continuar ofreciendo servicios en cumplimiento con la nueva ley.

Finalmente, grupos industriales y religiosos, como la Diócesis Católica y Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético, han mostrado su oposición a la legislación.

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