En una decisión que desafía directamente tanto al expresidente Donald Trump como a una reciente resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, un juez federal en Nuevo Hampshire volvió a bloquear la aplicación de un decreto que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país.

El juez Joseph LaPlante, del distrito de Concord, emitió este jueves una orden judicial que impide al gobierno aplicar la política de Trump a nivel nacional. La medida se tomó tras aceptar una demanda colectiva presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, en representación de bebés cuya ciudadanía estadounidense podría verse amenazada por la directiva.

La ciudadanía como derecho fundamental

El juez LaPlante argumentó que el posible impacto de la política representa un daño irreparable, al afirmar que negar la ciudadanía al nacer vulnera uno de los derechos más fundamentales.

“Eso es un daño irreparable, la ciudadanía por sí sola”, expresó. “Es el mayor privilegio que existe en el mundo”.

Aunque reconoció que los argumentos del gobierno federal no eran frívolos, los consideró poco convincentes. Su decisión, afirmó, “no fue difícil”, dadas las posibles consecuencias para miles de familias.

La orden judicial quedará suspendida por unos días para permitir que la administración de Trump —que busca reinstaurar políticas de su primer mandato— presente una apelación. LaPlante señaló que emitirá su fallo completo por escrito al final del día.

Contexto legal y constitucional

El fallo se da pocos días después de una decisión de la Corte Suprema, del pasado 27 de junio, que limitó la capacidad de jueces federales para emitir medidas cautelares a nivel nacional. La mayoría conservadora del tribunal (6-3) respaldó esa restricción en casos previos relacionados con políticas de inmigración.

No obstante, los abogados de los demandantes —entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)— argumentaron que la propia decisión de la Corte permite excepciones en demandas colectivas, como la presentada en este caso.

El centro del debate gira en torno a la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.

El gobierno de Trump sostiene que la frase “sujetas a su jurisdicción” permite excluir del derecho de ciudadanía a bebés nacidos de personas sin estatus migratorio regular, lo que implicaría una reinterpretación sin precedentes de una cláusula considerada pilar del derecho estadounidense desde finales del siglo XIX.

Impacto inmediato

La demanda colectiva, aunque más limitada de lo que originalmente se buscaba, fue suficiente para justificar la nueva orden judicial. Los abogados de los demandantes señalaron en documentos recientes que “decenas de miles de bebés y sus padres podrían estar expuestos a daños irreparables en cuestión de semanas”, si la política se implementa.

Por ahora, el fallo de LaPlante mantiene vigente el principio de ciudadanía por nacimiento para todas las personas nacidas en territorio estadounidense, mientras se desarrolla la apelación y continúan los debates legales sobre uno de los aspectos más sensibles del sistema constitucional del país.

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