Un juez federal de Estados Unidos ordenó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a varios altos funcionarios de su administración pagar 314 millones de dólares por daños y perjuicios, tras determinar responsabilidades en un caso civil relacionado con secuestro, tortura y actos de terrorismo de Estado contra ciudadanos estadounidenses.

La resolución fue emitida por una corte de Florida, donde las víctimas promovieron una demanda derivada de la detención y retención prolongada de contratistas y ciudadanos de Estados Unidos en territorio venezolano. De acuerdo con el fallo, los afectados sufrieron daños físicos y psicológicos atribuibles a acciones del aparato de seguridad del gobierno venezolano.

El juez estableció responsabilidades para integrantes de la cúpula oficialista, pero excluyó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al considerar que las pruebas presentadas no demostraron de forma concluyente su participación directa o complicidad en los hechos denunciados.

Aunque el gobierno de Venezuela ha rechazado históricamente la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y califica estos procesos como una forma de persecución política, la sentencia permite a los representantes legales de las víctimas buscar el cobro de la indemnización mediante el embargo de activos venezolanos congelados en el extranjero.

Especialistas en derecho internacional consideran que el fallo podría incrementar la presión sobre los recursos financieros del Estado venezolano que permanecen sujetos a litigios en el sistema financiero occidental, aunque su ejecución dependerá de la localización y disponibilidad de bienes susceptibles de embargo.

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