Juez ordena investigar denuncias de tortura en Ecuador
12/02/2024 - Hace 11 meses en InternacionalJuez ordena investigar denuncias de tortura en Ecuador
Ecuador.- El juez constitucional de Guayaquil, Manuel Peña, ha dictaminado una orden para que la Defensoría del Pueblo investigue las denuncias de tortura que supuestamente perpetraron militares en diversas cárceles de Ecuador. Esta investigación se lleva a cabo en el contexto de un estado de excepción decretado por el Gobierno de Daniel Noboa desde principios de enero de 2024, con el objetivo de poner fin a la crisis de motines que afectaba a las prisiones.
Además de la investigación, el juez Peña también ha ordenado que se brinde atención médica constante a los reclusos. El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles presentó un recurso de hábeas corpus que impulsó estas acciones judiciales.
De acuerdo con el comité, el juez Peña ha solicitado seguimiento sobre el estado de salud mental de las personas detenidas y ha instruido a la Defensoría del Pueblo para que investigue las denuncias de presuntos actos de tortura que se han producido en las prisiones de Ecuador en un plazo de 45 días.
Autoridades de Ecuador tendrán que entregar los resultados de la investigación en 45 días
El Comité también ha instado a las Fuerzas Armadas a respetar la ley y ha resaltado que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad responsable de las prisiones, debe garantizar directamente colchones, luz, agua potable, alimentación, productos de aseo e higiene personal a los reclusos, sin que estos tengan que incurrir en gastos adicionales.
En este sentido, la fuente señala que el juez ha declarado al Estado responsable tanto por acción como por omisión en este caso de violación de derechos. Los militares habrían cometido acciones que atentaban contra la integridad personal de los reclusos, presuntamente sometiéndolos a maltratos que podrían considerarse como tortura. Por otro lado, el Comité denuncia que el SNAI no estaría cumpliendo su función de gestionar los centros penitenciarios debido a la intervención militar.