La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, compareció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la grave problemática de la violencia armada que azota a México y otros países de Latinoamérica, enfocándose en la venta ilegal de armas y su impacto devastador en la región.

Bárcena no escatimó en la urgencia del problema, describiéndolo como una ‘situación de emergencia’ compartida por varios países latinoamericanos que demanda medidas contundentes para regular la comercialización de armas por parte de empresas privadas y garantizar la reparación de daños a las víctimas. La cifra alarmante que destacó fue que, en México, cada año se trafican ilegalmente alrededor de 200 mil armas de fuego, un fenómeno transfronterizo que alimenta directamente al crimen organizado.

La canciller hizo un llamado a la CIDH para que intervenga de manera decisiva, buscando medidas regulatorias más estrictas que controlen la venta de armas por parte de empresas privadas. Enfatizó que estas empresas operan sin prácticas que aseguren la trazabilidad de las armas o eviten su desvío hacia segundos propietarios, lo que contribuye directamente al problema de la violencia armada.

Uno de los puntos centrales de la intervención de Bárcena fue el impacto negativo de la violencia armada en grupos vulnerables, incluyendo mujeres, niños, adolescentes y la comunidad LGBTQ+. La canciller señaló que estos grupos son particularmente afectados por las consecuencias de la venta ilegal de armas y destacó la necesidad de reconocerlos como víctimas de violaciones de derechos humanos, proporcionándoles acceso a recursos para la reparación de daño.

‘México solicita a la Corte pronunciarse sobre los recursos que los Estados deben incorporar para garantizar que las personas víctimas de estas prácticas negligentes o intencionales, puedan contar con recursos judiciales para la reparación del daño causado’, expresó la canciller.

Alicia Bárcena solicita protección para víctimas del tráfico de armas

Por otro lado, Bárcena enfocó su intervención en la necesidad de una ‘correcta articulación’ de la regulación de armas para que las víctimas de violaciones de derechos humanos se reconozcan y accedan a recursos para la reparación del daño. Afirmó que confía en que la CIDH tomará medidas concretas para evitar el tráfico de armas en la región y señaló directamente a las empresas de armas, acusándolas de ignorar medidas para prevenir que sus productos lleguen a grupos delictivos.

‘Tienen estrategias de comercialización apuntaladas hacia esos grupos. El Estado mexicano solicita a la Corte Interamericana que se pronuncie sobre la posibilidad de que las actividades (negligentes o intencionales) de las empresas de armas puedan derivar en vulneraciones a los derechos humano’, afirmó Bárcena.

Finalmente, la canciller destacó que la violencia armada no es un problema exclusivo de México, sino que países como Bolivia, Colombia y Costa Rica también han expresado su constante preocupación por la venta ilegal de armas.

La comparecencia de Bárcena ante la CIDH marca un paso importante en los esfuerzos de México por abordar y combatir la violencia armada, solicitando la colaboración internacional y medidas regulatorias efectivas para frenar este flagelo que afecta a toda la región latinoamericana.

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