La justicia federal de Argentina investigará si el presidente Javier Milei cometió un delito por promocionar la criptomoneda $LIBRA, la cual se desplomó pocas horas después de su lanzamiento el pasado viernes. El caso busca determinar si el mandatario incurrió en delitos como estafa, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juzgado federal 1, bajo la dirección de la jueza María Servini, ha sido designado para centralizar las denuncias presentadas en torno al caso. Las acusaciones apuntan a que Milei formó parte de una red que organizó una estafa a gran escala, afectando a más de 40,000 personas, con pérdidas estimadas en más de 4,000 millones de dólares.

La denuncia, encabezada por el Observatorio de Derecho la Ciudad, argumenta que la promoción de $LIBRA por parte de Milei y otros actores políticos fue clave para que miles de inversores confiaran en el proyecto. De acuerdo con el texto judicial, la acción presidencial generó una subida inmediata en el valor de la criptomoneda, pero luego de un breve período, su cotización colapsó, lo que dejó a numerosos inversionistas con grandes pérdidas económicas.

Además de Milei, la demanda incluye a Julián Peh, CEO de Kip Network y KIP Protocol, empresas involucradas en la creación de $LIBRA, y a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien reposteó el mensaje del presidente Milei en redes sociales. Los denunciantes aseguran que, tras el respaldo presidencial, el precio del token se disparó, permitiendo a los principales grupos de inversores que controlaban la criptomoneda obtener beneficios millonarios antes de su desplome.

La denuncia sugiere que la promoción de la criptomoneda por parte de Milei no fue una acción casual, sino una maniobra pensada para dar legitimidad al proyecto. Según los denunciantes, solo pasaron tres minutos desde que se lanzó $LIBRA hasta que Milei emitió su tuit de apoyo. Este hecho, aseguran, revela un conocimiento profundo por parte del presidente sobre las criptomonedas y su funcionamiento.

Ante la magnitud de las acusaciones, los demandantes solicitaron que se realicen allanamientos en la residencia presidencial de Olivos y se proceda a la revisión de dispositivos electrónicos, como computadoras y teléfonos móviles. Además, piden que se intervenga la plataforma X para preservar los registros de los tuits de Milei y otros involucrados, incluyendo aquellos que fueron borrados.

La controversia también ha tenido repercusiones en el ámbito político. El bloque opositor Unión por la Patria (peronismo) anunció que impulsará un juicio político contra Milei en el Congreso. A su vez, otras fuerzas políticas han solicitado la creación de una comisión investigadora y la interpelación del presidente en relación con el escándalo.

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