Una polémica reforma legal en El Salvador ha generado críticas por parte de organismos de Naciones Unidas que alertan sobre la transgresión de convenios internacionales de derechos de los niños. La medida, impulsada por el Congreso salvadoreño y respaldada por el presidente Nayib Bukele, permite enviar a prisiones de adultos a menores vinculados a pandillas, lo cual ha desatado preocupación y rechazo a nivel internacional.

Según la Reforma a la Ley Penal Juvenil, los menores detenidos y condenados por nexos con el crimen organizado, en particular con las pandillas, serán trasladados a cárceles regulares. Cuatro entidades de la ONU han criticado duramente esta disposición, asegurando que va en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales.

En una declaración conjunta, el Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Fondo para la Infancia (Unicef), el Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacnudh-CA) y el Fondo de Población (Unfpa) manifestaron que estas reformas representan un retroceso en los compromisos asumidos por El Salvador en materia de justicia juvenil.

Desde que en marzo de 2022 comenzó la implementación del régimen de excepción en la lucha contra las pandillas en El Salvador, las autoridades han detenido a más de 83 mil personas, incluyendo unos 3 mil niños, niñas y adolescentes, según datos de la ONG Human Rights Watch. Esta nueva reforma legal amplía la medida al establecer que los menores vivirán en pabellones separados dentro de las cárceles para adultos y luego pasarán al «régimen general» al cumplir los 18 años.

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