Durante la audiencia virtual de control de acusación presentada a cabo hoy, el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó categóricamente los pedidos de archivo presentados por la defensa del expresidente Pedro Castillo, así como de los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez.

De esta manera, se determinará que los implicados serán llevados a juicio por los presuntos delitos de rebelión y conspiración relacionados con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía ha solicitado penas ejemplares de 34 años de prisión para Castillo, 25 años para Betssy Chávez y 15 años para Aníbal Torres. Este caso, que ha mantenido en vilo a la opinión pública desde que se presentó la acusación a principios de este año, se encuentra en etapa de control de acusación.

Otros implicados en el proceso

La próxima sesión programada para el 17 de septiembre será crucial, ya que se procederá con la evaluación de pruebas y testimonios que serán clave durante el juicio. Además de los mencionados, también se encuentran implicados en este proceso los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, este último actualmente congresista, así como oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) como Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón. Los pedidos de archivo presentados por sus respectivas defensas también fueron desestimados.

En paralelo a este juicio, Pedro Castillo enfrenta otras acusaciones por presunta corrupción durante su mandato. La Fiscalía ha solicitado penas que suman más de 31 años de prisión para el expresidente, desglosadas en cargos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión. En este contexto, el Poder Judicial decidió mantener a Castillo en prisión preventiva el pasado 18 de julio, atendiendo a la persistencia del peligro de fuga.

El exjefe de Estado ha mantenido su postura de inocencia desde el inicio de este proceso, argumentando que su discurso del 7 de diciembre de 2022 no constituyó un delito, sino simplemente la lectura de un documento sin consecuencias legales. No obstante, la legislación vigente en Perú contempla penas severas para casos como el de Castillo, donde se le imputan cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. En el marco del Artículo 346 del Código Penal, la rebelión es castigada con penas de 15 a 20 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos, mientras que la sedición, contemplada en el Artículo 347, establece penas de 4 a 10 años de cárcel.

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