El gobierno de Reino Unido ha iniciado un programa piloto de castración química en 20 prisiones de Inglaterra y Gales, como parte de una estrategia para reducir la reincidencia entre delincuentes sexuales y aliviar el hacinamiento en el sistema penitenciario. La medida, anunciada por la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, contempla la administración de medicamentos inhibidores de la testosterona junto con intervenciones psicológicas.

Según el Ministerio de Justicia, el programa se aplicará inicialmente a un grupo específico de reclusos y será evaluado durante un periodo de 18 meses. El objetivo es recopilar evidencia sobre su impacto en la reincidencia delictiva y determinar su posible implementación a mayor escala.

La castración química consiste en el uso de fármacos para reducir los impulsos sexuales en personas condenadas por delitos sexuales. Esta práctica ha sido utilizada en otros países, como Polonia, la República Checa y ciertos estados de Estados Unidos, con resultados variados. Estudios internacionales citados por las autoridades británicas sugieren que, en determinados contextos, puede reducir la reincidencia hasta en un 60%. Sin embargo, expertos señalan que su eficacia puede depender de las motivaciones del agresor, ya que aquellos que actúan por deseo de poder o control podrían no responder al tratamiento.

Además de los medicamentos, el programa incluye terapias psicológicas enfocadas en factores subyacentes como el control emocional y las dinámicas de poder. Mahmood indicó que la iniciativa forma parte de un enfoque más amplio para proteger a la sociedad y ofrecer alternativas de rehabilitación. “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad pública y reducir el impacto devastador de los delitos sexuales. Este programa piloto nos permitirá recopilar datos cruciales sobre su eficacia”, declaró la ministra durante una conferencia de prensa.

El contexto del lanzamiento está marcado por una creciente presión sobre el sistema penitenciario británico, que en 2024 superó los 87,000 reclusos. Las autoridades esperan que una disminución en la reincidencia también contribuya a reducir la sobrepoblación carcelaria.

No obstante, el programa ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El grupo Liberty cuestionó la legitimidad del consentimiento en un entorno carcelario, argumentando que, aunque voluntario, el tratamiento podría ser percibido como una forma de coerción. “Obligar o presionar a los reclusos para someterse a tratamientos que alteran su cuerpo plantea serias cuestiones sobre el consentimiento y los derechos humanos”, advirtió un portavoz de la organización.

Amnistía Internacional también ha manifestado anteriormente su oposición a medidas de este tipo, considerándolas inhumanas y contrarias a principios de rehabilitación efectiva. Por su parte, algunos especialistas alertan que iniciativas como esta podrían desviar recursos de enfoques terapéuticos más integrales, como la terapia cognitivo-conductual, ampliamente utilizada en el tratamiento de agresores sexuales.

El gobierno británico planea revisar los resultados del programa a mediados de 2026. El informe final será clave para decidir si se amplía la medida a otras cárceles del país.

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