Londres.- El gobierno británico ha dado a conocer recientemente un plan para incrementar de forma significativa las repatriaciones de solicitantes de asilo rechazados y residentes ilegales, con el objetivo de trabajar en su reintegración en sus países de origen. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio del Interior, busca firmar acuerdos con diversas entidades locales para apoyar este proceso.

Según lo revelado por el Financial Times, se ha publicado un contrato con el fin de encontrar «proveedores de servicios» que faciliten la reintegración de estas personas repatriadas que no tienen derecho a residir en el Reino Unido. Además, el gobierno del primer ministro laborista Keir Starmer tiene previsto destinar un total de 15 millones de libras esterlinas (19,7 millones de dólares) a este sistema durante los próximos tres años.

Este plan abarca a once países, entre los que se encuentran Albania, Bangladés, Etiopía, Ghana, India, Irak, Jamaica, Nigeria, Pakistán, Zimbabue y Vietnam. Los proveedores de servicios tendrán la tarea de brindarles ayuda alimentaria, asistirles en la búsqueda de sus familiares y en la búsqueda de trabajo, según lo estipula el contrato.

Reino Unido refuerza sus políticas migratorias

La ministra británica de Interior, Yvette Cooper, anunció recientemente que el gobierno tiene como objetivo alcanzar en los próximos seis meses el mayor nivel de expulsiones de solicitantes de asilo rechazados desde el año 2018. Se estima que esta cifra alcance las casi 14 mil expulsiones, según informa el Times.

Para llevar a cabo este plan, aproximadamente 300 agentes han sido asignados para revisar miles de expedientes de solicitantes de asilo rechazados y de retornos, incluyendo los retornos forzosos y voluntarios, según el ministerio. Reducir los niveles de inmigración, tanto legal como ilegal, ha sido una prioridad tanto del gobierno anterior, conservador, como del actual, laborista, que ha manifestado su intención de llevar a cabo una política más «humana» para lograrlo.

Desde que asumió el cargo, Starmer ha dejado atrás el controversial proyecto de expulsar a los migrantes que llegaron ilegalmente a Ruanda, una iniciativa de sus predecesores, y ha prometido tomar medidas para combatir la actividad de las «bandas de traficantes» de personas.

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