La administración del presidente Donald Trump ha iniciado conversaciones con los gobiernos de Ruanda y Libia con el objetivo de deportar a esos países a inmigrantes con antecedentes penales que actualmente se encuentran detenidos en Estados Unidos, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses como The Washington Post y CNN.

Según fuentes diplomáticas citadas por el Post, el gobierno ruandés habría recibido la propuesta con apertura y “entusiasmo”, mientras que con Libia se prevé avanzar hacia negociaciones formales para establecer un acuerdo de “tercer país seguro”. Este tipo de convenios permitiría a EE.UU. trasladar no solo a inmigrantes con historial criminal, sino también a solicitantes de asilo detenidos en su frontera.

Estas acciones derivan de una orden ejecutiva firmada por Trump a inicios de año, que instruye al Departamento de Estado a buscar acuerdos internacionales que faciliten la reubicación de personas no ciudadanas consideradas inadmisibles en EE.UU. bajo nuevos criterios migratorios más restrictivos.

Hasta ahora, países como El Salvador, Costa Rica, Panamá y México ya han aceptado recibir a migrantes que no son originarios de sus territorios, como parte de esta estrategia.

Durante una reciente reunión del gabinete, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que la Casa Blanca está “buscando activamente” países dispuestos a aceptar a personas detenidas en territorio estadounidense. “Estamos colaborando con otros gobiernos para enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables”, declaró. Rubio sostuvo que estos acuerdos representan un favor para Estados Unidos, afirmando que “cuanto más lejos, mejor”.

La iniciativa se enmarca en una intensificación de las políticas de deportación y disuasión migratoria promovidas por la administración Trump, incluyendo medidas de autodeportación y traslado a centros de detención en terceros países.

Uno de los casos más polémicos ocurrió en marzo pasado, cuando más de 200 migrantes, principalmente de origen venezolano, fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a las denuncias previas por violaciones a los derechos humanos en dicho centro. El gobierno estadounidense utilizó una disposición legal antigua para realizar la expulsión sin audiencia judicial, lo que ha generado demandas ante tribunales federales.

Los nuevos esfuerzos por cerrar acuerdos con naciones africanas evidencian la continuidad de una política migratoria que prioriza la externalización de responsabilidades y el endurecimiento de medidas contra migrantes con historial delictivo, independientemente de su país de origen.

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