Este miércoles 18 de febrero de 2026, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se presentará ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para testificar en lo que expertos legales consideran un proceso sin precedentes. Por primera vez, el creador de Facebook no responderá ante una comisión legislativa, sino ante un jurado ciudadano que evalúa si su empresa diseñó intencionalmente funciones adictivas que dañaron la salud mental de menores de edad. El caso, encabezado por una joven de 20 años conocida como «Kaley», es el primero de más de 1,500 demandas similares que logra llegar a la etapa de juicio, desafiando la protección de la Sección 230, ley que históricamente ha exonerado a las plataformas de responsabilidad por contenidos de terceros.

El testimonio de Zuckerberg se produce tras la declaración de Adam Mosseri, jefe de Instagram, quien la semana pasada negó que el uso de redes sociales pueda calificarse de «adicción clínica», aunque admitió la existencia de un uso «problemático». La acusación sostiene que Kaley desarrolló ansiedad y pensamientos suicidas tras pasar hasta 16 horas diarias en Instagram a los 16 años. Por su parte, la defensa de Meta argumenta que los problemas de la joven derivan de su entorno familiar y no del algoritmo. Sin embargo, documentos internos revelados recientemente sugieren que la empresa identificaba a los preadolescentes (tweens) como un segmento de mercado «altamente valioso» para garantizar la lealtad a largo plazo.

La sala estará ocupada por padres como Joann Bogard, cuyo hijo Mason falleció en 2019 tras un desafío viral. Para estos activistas, las recientes implementaciones de «cuentas para adolescentes» y restricciones de contenido son insuficientes y trasladan la carga de la seguridad a las familias, en lugar de modificar los diseños algorítmicos de empresas valuadas en billones de dólares. De fallar a favor de la demandante, el jurado no solo podría imponer indemnizaciones multimillonarias, sino obligar a cambios estructurales en el diseño de Meta y YouTube, marcando un punto de inflexión comparable a los juicios contra la industria tabacalera en los años 90.

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