Autoridades del estado de Arizona confirmaron que Ricky Wassenaar, un preso con un historial criminal extenso y 16 condenas a cadena perpetua, es el principal sospechoso del asesinato de tres compañeros de celda en la unidad Cimarron del Complejo Correccional Estatal de Arizona, ubicada en Tucson. El trágico incidente tuvo lugar el viernes 4 de abril en una de las instalaciones penitenciarias más grandes del estado.

Los fallecidos fueron identificados como Saul Alvarez, Thorne Harnage y Donald Lashley, todos ellos cumpliendo penas por delitos graves. Según el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reincorporación de Arizona (ADCRR), la agresión fue premeditada. Aunque no se ha revelado oficialmente el motivo detrás del ataque, se está llevando a cabo una investigación conjunta para esclarecer los hechos.

La unidad Cimarron es conocida por albergar a reclusos considerados de alta peligrosidad, y tras la pelea mortal se activaron los protocolos de emergencia. Las visitas fueron canceladas y se dio inicio a una pesquisa por parte de las autoridades competentes. Los tres internos fallecidos cumplían condenas por delitos violentos o sexuales, y tienen antecedentes penales en el condado de Pima.

Alvarez fue condenado por asesinato en primer grado en 2004, Harnage por conducta sexual con un menor en 2024, y Lashley por abuso infantil en 2023. La prisión de Tucson ha confirmado que la situación está bajo control y que no hay una amenaza inminente para la seguridad del personal o de otros internos en la institución.

Ricky Wassenaar, conocido por su historial violento tanto dentro como fuera de la prisión, ya había enfrentado 19 condenas por diversos delitos antes de este incidente. En 2004, protagonizó un secuestro con rehenes en el Complejo Penitenciario Lewis, que lo llevó a recibir sentencias de por vida sin posibilidad de libertad condicional.

Tras los recientes asesinatos, Wassenaar fue trasladado a una instalación de máxima seguridad en Florence mientras la investigación sigue su curso. Las autoridades se mantienen atentas a posibles vínculos entre el agresor y las víctimas, y se prevén futuros cargos adicionales en relación con el crimen.

Este suceso se suma a un incidente previo de violencia en la misma unidad de la prisión de Tucson en 2020, lo que ha llevado a una revisión de los protocolos de seguridad por parte de las autoridades correccionales.

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