En la tarde noche del viernes pasado, un grupo de indígenas tzotziles desplazados de la comunidad de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, fue atacado a tiros por un comando armado mientras se refugiaban en una bodega en la comunidad zapatista de Polhó.

Según informes de medios locales, el ataque perpetrado por civiles armados dejó preliminarmente siete personas muertas y tres heridas, incluyendo hombres, mujeres y niños.

El comando armado llegó a la bodega en Polhó al caer la noche y comenzó a disparar contra las personas refugiadas, generando pánico y haciendo que las víctimas huyeran tratando de evitar las balas.

La Policía de Investigación y la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar de los hechos, pero no se informó de la presencia del Ejército Mexicano o de la Guardia Nacional.

Las personas heridas fueron trasladadas a San Cristóbal de las Casas para recibir atención médica. Aunque no se revelaron las identidades de las víctimas, de manera extraoficial se mencionó que una de las víctimas mortales era el dueño de la bodega donde se encontraban refugiadas entre 150 y 200 personas desplazadas de Santa Martha.

Testigos señalaron a un grupo delictivo conocido como «Los Ratones» como los responsables del ataque armado. Se ha informado que este grupo ha sido identificado como generador de violencia en la región.

Los indígenas tzotziles desplazados llevaban casi un mes viviendo en la bodega donde ocurrió el ataque, después de que decenas de familias fueran desplazadas en junio de 2022 de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó, supuestamente por negarse a compartir sus tierras con otras familias.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, ha iniciado una investigación por los delitos de homicidio y lesiones relacionados con el ataque armado.

En días previos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitió un comunicado condenando la violencia que ha afectado a las comunidades indígenas de Chiapas y advirtiendo sobre el riesgo de una «guerra civil» en la región. En el comunicado, denunciaron la presencia de grupos paramilitares y sicarios de diferentes cárteles que se disputan el control del territorio, así como la complicidad de los gobiernos estatal y federal.

Ante estas agresiones y amenazas constantes contra las comunidades indígenas, se ha convocado a una manifestación para el 8 de junio, exigiendo el cese de la violencia y una respuesta por parte de las autoridades estatales y federales.

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