Una investigación de The Associated Press (AP) reveló que decenas de casos de separación de familias migrantes han vuelto a registrarse en Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, pese a la existencia de acuerdos judiciales que buscaban impedir que padres e hijos fueran separados por autoridades migratorias.

Según el reporte, algunos padres permanecieron durante meses en centros de detención migratoria, mientras que otros fueron deportados a sus países de origen sin sus hijos. Incluso, documentos y correos electrónicos obtenidos por AP señalan que algunas deportaciones se realizaron pese a que ciertas personas contaban con protecciones legales que impedían su expulsión.

La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados que participaron en la demanda colectiva que puso fin a la política de separación familiar aplicada durante el primer gobierno de Trump en 2018.

“Estos niños ya han sufrido bastante como para volver a traumatizarlos”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y representante legal de las familias afectadas.

Familias protegidas habrían sido deportadas nuevamente

La investigación expone el caso de Ederson Galicia Alva, un menor guatemalteco que fue separado de su madre cuando tenía tres años durante la política migratoria de 2018. Años después, pese a las protecciones obtenidas mediante acuerdos judiciales, la familia volvió a ser separada tras la detención y deportación de su madre.

De acuerdo con los abogados del caso, la madre contaba con beneficios migratorios derivados del acuerdo alcanzado tras la demanda colectiva conocida como Ms. L vs. U.S. Customs and Immigration Enforcement, creada precisamente para evitar nuevas separaciones.

El informe señala que la familia pasó varios meses en Guatemala antes de que un juez federal ordenara permitir su regreso a Estados Unidos. Sin embargo, su situación migratoria continúa siendo incierta.

Otros casos documentados muestran que integrantes del grupo protegido por el acuerdo judicial fueron detenidos, sometidos a procesos de deportación e incluso expulsados sin que las organizaciones legales fueran notificadas oportunamente, como establecen las resoluciones judiciales.

Organizaciones alertan sobre efectos psicológicos y legales

Defensores de derechos de los migrantes advirtieron que estas nuevas separaciones han provocado nuevamente afectaciones emocionales en menores que ya habían vivido experiencias traumáticas durante la primera política de separación familiar.

Además, organizaciones como la ACLU señalan que miles de familias enfrentan ahora nuevos obstáculos para acceder a servicios legales, asistencia psicológica y procesos de asilo que fueron contemplados en los acuerdos firmados durante la administración de Joe Biden.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que las autoridades continúan aplicando la ley migratoria y aseguran que las deportaciones realizadas forman parte de las acciones para reforzar el control migratorio en el país.

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