Dos exdetenidos del centro migratorio de los Everglades, conocido como “Alcatraz de los caimanes”, denunciaron restricciones graves para acceder a asesoría legal, durante audiencias federales en Florida.

Ambos hombres, uno deportado a Colombia y otro enviado de regreso a Haití, declararon por videoconferencia que eran castigados si hablaban sobre buscar abogados.

Según su testimonio, las llamadas telefónicas eran monitoreadas y se cortaban cuando mencionaban representación legal, obligándolos a memorizar o escribir contactos con jabón en paredes.

Los migrantes comparecieron ante un tribunal federal en Fort Myers, usando solo iniciales y traductores, para proteger sus identidades tras su salida de Estados Unidos.

Restricciones al acceso legal

Abogados de derechos civiles solicitaron a la jueza Sheri Polster Chappell una orden que garantice a los detenidos igual acceso a abogados que en centros federales.

La demanda señala que los defensores deben agendar visitas con tres días de anticipación, a diferencia de otras instalaciones donde pueden acudir directamente en horarios establecidos.

Además, los detenidos denunciaron traslados repentinos luego de que sus abogados solicitaban citas, impidiéndoles reunirse antes de fechas legales clave.

Un exdetenido haitiano relató que le hicieron firmar documentos que no entendía, resultando ser formularios para autodeportarse, pese a haber solicitado asilo.

“Firmé por miedo”, declaró, tras afirmar que temía regresar a Haití. Finalmente, fue deportado a su país de origen, según su testimonio.

Postura oficial y demandas

Autoridades estatales negaron violaciones y argumentaron que las medidas responden a protocolos de seguridad y disponibilidad de personal.

Funcionarios federales sostuvieron que no se vulneran derechos de la Primera Enmienda, al considerar válidas las políticas si responden a intereses penitenciarios legítimos.

El centro fue construido en 2025 por la administración del gobernador Ron DeSantis, en una pista remota de los Everglades, y es operado por el estado.

Florida lidera la expansión de centros migratorios estatales, mientras organizaciones denuncian hacinamiento, mala alimentación y falta de acceso legal en varias instalaciones.

También te puede interesar:

1. María Corina Machado se reúne con Marco Rubio para hablar de transición en Venezuela