El gobierno de Estados Unidos prepara una transformación en la manera en que opera su sistema de detención migratoria. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció un nuevo modelo que busca ampliar la capacidad para detener y procesar a personas sin estatus migratorio, mediante instalaciones que estarán bajo control directo del gobierno federal.

Actualmente, gran parte de la infraestructura utilizada por la agencia depende de centros administrados por terceros o de contratos con empresas privadas. Sin embargo, la nueva estrategia pretende reducir esa dependencia y avanzar hacia una red propia de instalaciones federales.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el plan contempla la compra de propiedades en distintas regiones del país para desarrollar centros de detención administrados directamente por las autoridades migratorias.

Menos uso de centros privados

El DHS explicó que la iniciativa permitirá contar con una infraestructura más estable y centralizada para gestionar los procesos migratorios. Según la dependencia, el objetivo es mejorar la coordinación entre las distintas fases del procedimiento.

Las autoridades consideran que este cambio podría reducir la fragmentación actual del sistema, en el que los migrantes suelen ser trasladados entre distintos centros durante el desarrollo de sus casos.

Mayor capacidad y procesos más rápidos

El nuevo esquema también busca incrementar la capacidad de detención mientras se resuelven los procesos migratorios. El DHS afirmó que la estrategia forma parte de un esfuerzo para hacer más eficientes los procedimientos relacionados con personas que permanecen en el país sin documentos.

Además, los futuros centros estarán diseñados como espacios integrales donde puedan realizarse varias etapas del proceso migratorio, desde la detención hasta la gestión administrativa de los expedientes, evitando traslados innecesarios.

El anuncio surge en medio del debate nacional sobre la política migratoria estadounidense. Mientras autoridades sostienen que el sistema requiere mayor capacidad operativa, organizaciones civiles han cuestionado durante años las condiciones y funcionamiento de los centros de detención.

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