El Congreso del Estado de Jalisco aprobó un decreto que fortalece el marco legal para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión, en concordancia con la Ley General en la materia y el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La sesión plenaria fue presidida por el diputado Julio César Hurtado Luna y el dictamen recibió el respaldo de 37 votos a favor.

Como parte central de la reforma, se derogaron los artículos 189 y 189 Bis y se adicionó el artículo 193 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, con el fin de sancionar conductas indebidas cometidas por autoridades durante detenciones. La nueva disposición establece penas de tres a ocho años de prisión para agentes del Ministerio Público, de la Policía Investigadora o de policías preventivas que incurran en actos de intimidación o intenten obtener un beneficio indebido al momento de realizar una detención.

Además de la pena privativa de la libertad, el decreto contempla la destitución del cargo, la inhabilitación para ejercer funciones públicas y la imposición de multas que van de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En los casos en que se acredite el uso de violencia durante la detención, la sanción se incrementará de uno a tres años adicionales de prisión.

El dictamen también incluye reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado y a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en la prevención y persecución del delito de extorsión.

Con esta aprobación, el Congreso de Jalisco busca cerrar espacios a prácticas abusivas, fortalecer la actuación institucional y avanzar hacia una política de seguridad con mayor control, legalidad y coordinación intergubernamental frente a uno de los delitos de mayor impacto social.