El Gobierno del Estado de Jalisco condenó enérgicamente la violación a su soberanía y a la autonomía del pueblo indígena wixárika cometida por Imelda Escobedo, Presidenta Municipal de El Nayar, Nayarit, quien ingresó de forma irregular a la comunidad de Tateikie de San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, y realizó actos de gobierno acompañada por personal de su gabinete y elementos de la Policía Municipal.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, calificó el hecho como una transgresión a la suspensión judicial vigente dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el marco de la controversia constitucional 108/2018, que se encuentra en curso desde hace seis años.

“No vamos a permitir que ninguna persona de otro estado viole la soberanía. Tampoco vamos a permitir que vengan a hacer promoción político-electoral, violando suspensiones otorgadas por la SCJN. Hago un extrañamiento a la Presidenta Municipal por haber hecho esto”, advirtió el mandatario.

El ingreso de la Alcaldesa de El Nayar representa una infracción directa a la suspensión emitida por la SCJN, la cual prohíbe expresamente que cualquier autoridad realice actos de gobierno en el territorio en disputa, hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio entre ambos estados. La resolución establece que se deben mantener las condiciones previas al decreto emitido por el Gobierno de Nayarit en 2018, el cual pretendía modificar los límites territoriales en perjuicio del municipio jalisciense de Mezquitic.

Como respuesta, la comunidad wixárika retuvo a la Presidenta Municipal, a su equipo y a los policías que la acompañaban, en señal de rechazo a la intromisión.

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, acudió de inmediato a la comunidad para instalar una mesa de diálogo, en la que también participaron representantes del Gobierno de Nayarit y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Gracias a este proceso de mediación, la funcionaria fue liberada y acompañada de regreso a su municipio por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“Fue una acción inmediata del Gobierno de Jalisco para poderla liberar ante una imprudencia, pero también una violación a la soberanía del estado”, sostuvo Lemus.

El Gobierno de Jalisco anunció que dará vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se determinen las responsabilidades correspondientes por el incumplimiento de la suspensión judicial y por la invasión del territorio estatal.

Asimismo, reiteró que mantendrá una coordinación permanente con el Gobierno de Nayarit para evitar nuevas violaciones y garantizar el respeto al marco legal vigente.

Cabe recordar que el pasado 13 de marzo de 2025, la SCJN ya había requerido al municipio de El Nayar dejar sin efectos actos violatorios de la suspensión, como el nombramiento ilegal de un juez auxiliar en la comunidad de Tateikie, tras una solicitud promovida por el Gobierno de Jalisco el 17 de enero de este año.