El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Sala Superior, revocó un fallo previo de la instancia regional y confirmó la nulidad de la consulta para cambiar el régimen de gobierno del municipio de Bolaños.

De acuerdo con la determinación, la Sala Superior dejó sin efectos la sentencia de la Sala Regional Guadalajara —que previamente había validado el proceso— y respaldó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, al concluir que existieron irregularidades graves que vulneraron la certeza del ejercicio ciudadano.

Entre los elementos señalados se encuentran la falta de videograbaciones en la mayoría de las asambleas comunitarias y la posible coacción en la voluntad de los participantes, lo que comprometió la legalidad del proceso.

Contexto del conflicto en Bolaños

El caso tiene su origen en una solicitud impulsada desde 2020 por comunidades wixárikas de Tuxpan de Bolaños, quienes buscaban transitar del sistema de partidos políticos a un modelo de elección por usos y costumbres, basado en sus sistemas normativos internos.

Como parte de ese proceso, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco organizó una consulta ciudadana el 18 de mayo de 2025, en la que se aprobó el cambio de régimen. Posteriormente, el ejercicio fue validado por la autoridad electoral administrativa, pero impugnado ante instancias jurisdiccionales.

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco anuló la consulta por irregularidades; sin embargo, la Sala Regional Guadalajara revocó esa decisión y dio validez al proceso, lo que permitió avanzar hacia la implementación del nuevo modelo de elección.

Giro judicial y consecuencias

La controversia escaló hasta la Sala Superior del TEPJF, que finalmente determinó que la resolución de la Sala Regional no se ajustó a derecho y confirmó la nulidad de la consulta, ordenando que cualquier nuevo ejercicio se realice con apego estricto a los principios constitucionales.

Con esta decisión, el intento de cambiar el sistema de gobierno en Bolaños queda sin efecto por ahora, obligando a replantear el proceso y a garantizar condiciones de legalidad, certeza y libertad del voto en futuras consultas.

El caso evidencia la complejidad de armonizar los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas con los principios electorales constitucionales, en un municipio donde coexisten comunidades wixárikas y población mestiza con posturas encontradas sobre el modelo de gobierno.