La activista indígena Zara Monrroy alzó su voz contra lo que considera un acto de discriminación por parte del Gobierno Tradicional de la Nación Comca’ac Seri en Sonora. Según sus declaraciones, se le negó la oportunidad de postularse como regidora étnica en el Ayuntamiento de Hermosillo debido a su orientación sexual.

En una entrevista con EFE, Monrroy acusó al gobernador tradicional, Genaro Robles, y al presidente del Consejo de Ancianos, Enrique Robles Barnett, de afirmar que su lesbianismo podría ‘quemar al pueblo’. Esta afirmación, según la activista, constituye una clara muestra de machismo y violencia de género, además de ir en contra de los derechos fundamentales de participación política de las mujeres.

Contexto de lucha por la representación indígena y LGBTI

La situación de Zara Monrroy no es un caso aislado en el panorama político mexicano. El Instituto Nacional Electoral (INE) instó a los partidos a postular candidaturas indígenas y LGBTI, sin embargo, recientemente se invalidaron 23 candidaturas por no ser verdaderamente representativas de estos grupos. Esto desencadenó críticas y denuncias de ‘usurpación identitaria’ por parte del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI).

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE) argumentó que la negativa a la postulación de Monrroy se basa en los usos y costumbres de la Nación Comca’ac. Sin embargo, se reconoce que la activista tiene derecho a impugnar esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esto plantea un dilema entre los principios de equidad y los derechos individuales en el proceso electoral.

Desafíos y oportunidades en la representación indígena

Aunque la Constitución mexicana garantiza la representación indígena en los ayuntamientos, esta aún enfrenta numerosos obstáculos en la práctica. A pesar de que Sonora es uno de los estados que ha implementado el cargo de regidor étnico, casos como el de Zara Monrroy evidencian la persistencia de la discriminación y la exclusión en la política local.

Desde la sociedad civil, voces como la de María Luisa Alatorre Castañeda, de la organización Diverciudad, instan a reconsiderar la decisión y garantizar la inclusión efectiva de grupos poblacionales marginados en el proceso electoral. Este caso resalta la necesidad de combatir la discriminación y promover la diversidad en todos los ámbitos de la vida política y social.

Finalmente, la denuncia de Zara Monrroy no solo pone de relieve la discriminación en la política local, sino que también destaca la importancia de luchar por una representación inclusiva y verdaderamente democrática en México.

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