El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, enfatizó que no rubricará ningún acuerdo con el INE y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para posibilitar el voto de personas privadas de su libertad en prisión. García Jiménez argumentó razones de seguridad, destacando que la presencia de líderes criminales y figuras de alta peligrosidad en las prisiones del estado justifica su decisión.

Cuitláhuac rechaza la participación electoral en prisiones

En una conferencia de prensa reciente, el gobernador veracruzano dejó claro su posicionamiento respecto al voto de personas privadas de libertad. Señaló que el tema no es un simple convenio, sino una cuestión de seguridad extrema. Enfatizó que los jefes de plaza de grupos criminales comparten espacio con personas no sentenciadas en las prisiones, generando un entorno de alta peligrosidad. Ante esta situación, García Jiménez argumentó que permitir actividades electorales en estas condiciones es inaceptable desde el punto de vista de la seguridad pública.

En febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que las personas en prisión sin sentencia tienen derecho a votar, respaldando el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, García Jiménez sostuvo que, por motivos de seguridad, no se permitirá ninguna actividad electoral en los penales del estado.

Asimismo, el gobernador veracruzano reconoció que las autoridades electorales podrían recurrir a amparos para llevar a cabo actividades electorales en los penales. No obstante, insistió en que su prioridad es la seguridad y que esta debe prevalecer sobre cualquier otro aspecto.

¿Votarán feminicidas y jefes de plaza? el debate sobre la seguridad

En su conferencia de prensa, García Jiménez planteó la pregunta de si se debería permitir que voten personas acusadas de delitos graves como feminicidios y líderes de grupos criminales. Enfatizó que, aunque estas personas estén señaladas por presunción de delitos, no tienen sentencias. Para el gobernador, permitir su participación en el proceso electoral sería violar principios de seguridad y, potencialmente, poner en riesgo a la ciudadanía.

Cuitláhuac García Jiménez concluyó advirtiendo que la respuesta a las autoridades electorales estaba ‘bien documentada’ para no vulnerar la seguridad en los penales. Además, señaló que cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de las personas y del personal de las instituciones electorales será responsabilidad de quienes buscan llevar a cabo estas actividades en los penales del estado. La seguridad, en su opinión, debe ser una prioridad indiscutible, incluso ante la participación electoral de personas privadas de libertad.

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