Eduardo Verástegui Córdoba, aspirante a una candidatura independiente para la presidencia de la República, presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del todavía gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. La denuncia, presentada en la Oficialía de Partes del INE, acusa a García de iniciar su precampaña sin tener vigente su licencia como mandatario, lo que constituiría un uso indebido de recursos públicos y una violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

En el documento presentado ante el INE, Verástegui argumenta que García Sepúlveda, siendo gobernador en funciones, se encontraba impedido para realizar actos de precampaña y difundir propaganda electoral tanto en redes sociales como en radio y televisión. La denuncia será analizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso y posteriormente discutida en la Comisión de Quejas del INE.

Según Verástegui, García, electo como gobernador de Nuevo León para el periodo de 2021 a 2027, solicitó licencia para participar en el proceso electoral federal 2023-2024, donde se elegirá al próximo presidente de la República, a pesar de haber prometido expresamente lo contrario.

El 25 de octubre de 2023, el Congreso de Nuevo León aprobó una licencia para García Sepúlveda, permitiéndole separarse del cargo de gobernador, y el 12 de noviembre se registró como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano.

La denuncia destaca que, desde el 20 de noviembre, García ha realizado actos de precampaña en distintas entidades federativas, y Movimiento Ciudadano ha difundido pautas en redes sociales, radio y televisión. Aunque García volvió a asumir sus funciones como gobernador el 28 de noviembre, no renunció a su calidad de precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, lo que, según Verástegui, lo convierte en un servidor público que realiza actos de precampaña y difunde propaganda electoral, violando así la Constitución y la ley electoral.

La denuncia se basa en el artículo 134 de la Constitución, que consagra el principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, y el artículo 449, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), que establece como infracción de los servidores públicos el incumplimiento del principio de imparcialidad cuando afecta la equidad de la competencia electoral.

La presentación de esta denuncia añade tensión al ya complejo panorama político en Nuevo León, donde los eventos recientes han generado controversias y cambios inesperados en la administración estatal.

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