La Ciudad de México se prepara para endurecer las leyes contra la tala ilegal, con el objetivo de combatir la deforestación y proteger los recursos naturales de la región.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, se prevé que las penas por este delito puedan alcanzar los 25 años de prisión, así como multas que superan los 2 millones de pesos, como parte de una iniciativa que busca desincentivar la actividad ilegal y promover el comercio legal de madera.

En los últimos años, la tala ilegal ha representado uno de los mayores desafíos ambientales en México, con graves impactos en los ecosistemas, la biodiversidad y la salud pública. A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, como los operativos policiales que han clausurado madererías irregulares, las medidas tomadas se han limitado a infracciones administrativas y no a procesos penales.

Es por ello que el diputado de Morena, Pedro Haces Lago, presentará en los próximos días una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para establecer penas más severas contra la tala ilegal.

Según el proyecto, aquellos que talen árboles de forma ilegal podrían enfrentar penas de cinco a trece años de prisión, así como multas que oscilan entre 2 mil y 6 mil Unidades de Medida y Actualización (651 mil pesos).

Además, se contempla que las penas se incrementen significativamente en caso de que la tala ilegal se realice en áreas protegidas, de valor ambiental, en barrancas o en suelos de conservación de la Ciudad de México.

En estos casos, las penas podrían llegar hasta los 25 años de prisión y multas de 8 mil a 12 mil UMA (un millón 302 mil pesos). Diversas organizaciones ambientales han respaldado esta iniciativa, señalando que es fundamental fortalecer la regulación y vigilancia en torno al comercio de madera, con el fin de garantizar que los productos provengan de fuentes legales y sostenibles.

Asimismo, se ha destacado la importancia de combatir la impunidad en los casos de tala ilegal, ya que la falta de consecuencias legales efectivas ha incentivado a las redes criminales a continuar operando.

Casos recientes de tala ilegal en la Ciudad de México, como el ocurrido en la colonia Santa Úrsula Xitla, han evidenciado la urgencia de tomar medidas más rigurosas para proteger los bosques y áreas naturales de la región.

La deforestación no solo afecta a la biodiversidad, sino que también pone en riesgo la seguridad hídrica y la estabilidad de los suelos, lo que repercute en el bienestar de las comunidades locales.

Ante este panorama, la iniciativa para impulsar penas de hasta 25 años de prisión por el delito de tala ilegal representa un paso crucial en la protección del medio ambiente y la promoción de un comercio maderable legal y sostenible en la Ciudad de México.

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