La renuncia del exministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desatado un debate en el ámbito judicial mexicano. La ministra Loretta Ortiz, en declaraciones recientes, reveló que Zaldívar dejó al menos 170 asuntos pendientes de resolución al abandonar su cargo para unirse al proyecto político de Claudia Sheinbaum de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Durante el Seminario sobre el Derecho a la información y la importancia de la transparencia, Ortiz expresó que, aunque aún está recopilando información, la cifra de 170 asuntos sin resolver es significativa. Esta revelación plantea interrogantes sobre el impacto que la salida de Zaldívar puede tener en la eficiencia y continuidad de la SCJN en la resolución de casos pendientes.

En respuesta a estas cifras, la ministra destacó que, en su opinión, la renuncia de Zaldívar estaba justificada. Para Ortiz, la decisión de dejar la Corte ya constituye, por sí misma, un motivo suficientemente grave. Subrayó que, si un funcionario expresa su deseo de no continuar en el cargo, no es necesario comprobar o calificar esa razón. La libertad de elección y la voluntad personal parecen ser fundamentales en la interpretación de este acto.

Ministro Pérez Dayán resalta la importancia de respetar la voluntad tras la renuncia de Arturo Zaldívar

Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán contribuyó al debate resaltando la importancia de respetar la voluntad individual de los funcionarios. Interrogó la ética de obligar a alguien a permanecer en un espacio en el que ya no desea estar y cómo esto concuerda con los principios de los derechos humanos. Pérez Dayán subrayó que la dinámica constitucional presupone el compromiso de contribuir a una causa, en este caso, la SCJN, pero planteó la cuestión de si se puede exigir a alguien que continúe trabajando en algo que ya no desea hacer.

El ministro argumentó que, si bien la interpretación tradicional podría considerar la renuncia como un acto que requiere una explicación más allá de lo personal, los cambios en la redacción de la constitución han incorporado perspectivas basadas en los derechos humanos. En este contexto, destacó la importancia de considerar qué se pretende exigir y cómo se interpreta el concepto de ‘causa grave’en una renuncia.

Este debate plantea preguntas fundamentales sobre la libertad de elección de los funcionarios judiciales y la gestión de los asuntos pendientes en la SCJN. ¿Es ético obligar a alguien a permanecer en un cargo que ya no desea ocupar? ¿Cómo se equilibra la necesidad de resolver casos pendientes con el derecho individual a tomar decisiones sobre la propia carrera? Estas interrogantes marcarán la discusión en torno a la renuncia de Arturo Zaldívar y su impacto en la administración de justicia en México.

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