Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron, con 32 votos a favor y 3 abstenciones, la denominada “ley 3 de 3 contra la violencia”, que busca frenar las candidaturas de personas violentadoras de mujeres.
Se trata de una reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución suspende los derechos políticos de aquellos hombres deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores para imposibilitarlos a acceder a un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno.
“Es un texto muy cuidado, a nadie se le transgreden derechos, salió por unanimidad de todos los grupos alimentarios y se trata de una reforma histórica”, resaltó la diputada de Morena, Aleida Alavez.
Tal propuesta que se turnó a la Mesa Directiva para su debate en el pleno, será parte de las normas que regirán el proceso electoral 2023-2024.
¿Por qué se llama ‘3 de 3’?
“La llamamos 3 de 3 porque aplicará en poder ejecutivo, legislativo y judicial, y porque aplicará en federación, estados y municipios”, expuso, la diputada Julieta Mejía, de Movimiento Ciudadano.
Por su parte, la diputada Elizabeth Pérez, del PRD, consideró que “esto permitirá que personas agresoras ya no estén dentro de los espacios de poder en todos sus niveles”.
En este mismo sentido, la diputada del PRI, Blanca Alcalá señaló que la construcción del dictamen se logró luego de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y del día a día.
Aclaró que la iniciativa no está dedicada a nadie, sino que va dirigida a todos los ciudadanos a fin de evitar que, en caso de ser violentadores, lleguen a ocupar cargos públicos.
El objetivo de la «3 de 3 contra la violencia» es prevenir la violencia institucional, elevar el nivel de ética pública y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
En su exposición de motivos, el dictamen establece que elevar a rango constitucional la “3 de 3” dará certeza a las víctimas sobre la no elegibilidad de sus agresores.
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