Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron este jueves una serie de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer los mecanismos para combatir el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero en el país.

El dictamen fue respaldado por senadores de Morena y sus aliados, mientras que los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano optaron por abstenerse, aunque reconocieron el propósito positivo de la iniciativa.

Entre los cambios aprobados, se amplía el catálogo de actividades vulnerables, incorporando sectores como la compra-venta de activos virtuales (criptomonedas), el desarrollo inmobiliario y las operaciones a través de fideicomisos. Asimismo, se refuerzan las obligaciones de transparencia, al exigir la identificación del beneficiario final de las transacciones y la documentación precisa de los actores involucrados.

Durante la discusión, senadores de oposición expresaron reservas. Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que la reforma permite a la Guardia Nacional investigar cuentas sospechosas sin necesidad de una carpeta de investigación, lo que —dijo— podría representar un riesgo para las garantías procesales al no requerir control ministerial o judicial.

Guadalupe Murguía, senadora del PAN, señaló su preocupación por el hecho de que la Secretaría de Hacienda pueda requerir información a diversas instituciones públicas y privadas, como bancos o incluso el INE, sin necesidad de una orden judicial, lo que, a su juicio, podría vulnerar derechos humanos.

En la misma línea, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, vinculó la iniciativa con la agenda del gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico, a los que ha clasificado como organizaciones terroristas.

En conferencia de prensa, los senadores Javier Corral y Enrique Inzunza, presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, rechazaron que estas reformas respondan a presiones internacionales. Indicaron que la propuesta fue presentada desde octubre de 2023, antes del actual contexto político entre México y Estados Unidos.

Corral aclaró que la Guardia Nacional no recibirá facultades penales, sino que su participación estará limitada a tareas preventivas y de coordinación, y negó que la reforma contemple la vigilancia masiva de cuentas bancarias o la congelación arbitraria de fondos.

“Se trata de una legislación de carácter preventivo, no penal. Su propósito es detectar operaciones inusuales o sospechosas, conforme a estándares internacionales”, sostuvo el legislador.

Los impulsores de la reforma subrayaron que su diseño responde a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve medidas globales contra el blanqueo de capitales y el financiamiento de actividades terroristas.

Con la aprobación en comisiones, el dictamen está listo para ser discutido en el pleno del Senado en una próxima sesión.

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