En una sesión histórica, el pleno del Senado avaló las reformas a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de México, que garantizan una pensión no contributiva a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores de 65 años, así como un apoyo a productores, pescadores y campesinos.
En un esfuerzo por beneficiar a los sectores más vulnerables del país, los legisladores acordaron brindar apoyo adicional a quienes más lo necesitan.
Con esta nueva reforma, se establece el derecho constitucional de toda persona a disfrutar de vivienda adecuada y se plantea la obligación del Estado de garantizar una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como una pensión no contributiva de adultos mayores para todas las personas mayores de 65 años.
También se establece la obligación de garantizar la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad permanente, priorizando a los menores de 18 años.
Además, se contempla la entrega de un jornal permanente a campesinos que cultiven tierras con árboles frutales, maderables y especies procesables, un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala y la mantención de precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero.
Otro aspecto relevante de estas reformas es la declaración constitucional del programa Sembrando Vida, el cual busca promover el desarrollo sostenible, la producción agrícola y la protección del medio ambiente.
Además, se establecen precios de garantía para productos básicos como el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero, asegurando así la estabilidad económica de los productores.
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Martha Ávila, presidenta de la Mesa Directiva, destacó la importancia de estas reformas para sectores históricamente vulnerables del país y cómo contribuirán al desarrollo de personas adultas mayores, con discapacidad, trabajadores del campo y pescadores.
Por su parte, la diputada Rebeca Peralta León hizo un llamado a unir esfuerzos para cerrar la brecha de desigualdad que afecta a las personas con discapacidad y adultas mayores, recordando el impacto positivo que los programas de apoyo han tenido en la reducción de la pobreza.
Finalmente, Lizzet Vanessa Bernal Rabadán, del PAN, hizo hincapié en la importancia de mantener la transparencia en los programas sociales y evitar cualquier tipo de uso clientelar con fines políticos, enfatizando que estos programas son un derecho de la ciudadanía y deben ser implementados con total transparencia.
