Un escándalo sacude al sistema de justicia de Sonora, luego de que se informara este viernes sobre la detención del magistrado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, por el delito de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer detalles de la captura, realizada por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal detuvieron ayer a Aldo Gerardo Padilla Pestaño en la colonia Los Lagos, en el municipio de Hermosillo, Sonora, tras concluir su presunta participación en actos de enriquecimiento ilícito mediante investigaciones.

La fiscalía indicó que una sólida carpeta de investigación, basada en datos contables derivados de información bancaria y patrimonial, respaldó esta acción.

Padilla Pestaño quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien lo ingresó al Centro de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, según el registro nacional de detenciones, después de capturarlo.

La trayectoria del magistrado

Aldo Padilla, quien cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora, ha ocupado diversos cargos públicos en el pasado.

Se desempeñó en el Órgano Interno de Control de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora hasta el año 2005.

Posteriormente, fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado desde 2005 hasta 2008.

En el 2015, fue encargado de despacho de la Subprocuraduría de Control de Procesos de la entonces Procuraduría General del Estado.

En los últimos años, Padilla Pestaño fue magistrado propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ocupó el cargo de magistrado presidente del mismo tribunal.

Actualmente, se desempeñaba como magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora.

Este caso ha generado gran preocupación en la sociedad sonorense, ya que afecta la confianza en el sistema judicial del estado.

Las autoridades correspondientes deberán llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y determinar la culpabilidad o inocencia del magistrado detenido.

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