La muerte del magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja, Daniel Dorian Nava Herrera, ha generado controversia no solo por el hecho en sí, sino también por las preguntas en torno a las investigaciones del caso.

En un lapso de 24 horas, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes concluyó que el asesinato fue un crimen pasional y no un crimen de odio, a pesar de que ambas víctimas pertenecían a la comunidad LGBT+.

Alejandra Paredes, coordinadora de proyectos del colectivo Yaaj México, organización cercana al magistrado, rechazó la versión de la Fiscalía, señalando omisiones e irregularidades en las investigaciones.

Paredes reveló que, según la información obtenida por el colectivo, la Fiscalía tardó aproximadamente 10 horas en retirar los cuerpos de Baena y Herrera, lo que considera una alerta debido al breve tiempo para realizar pruebas clínicas y entregar resultados.

Además, destacó que las autoridades no permitieron que la familia identificara el cuerpo de manera presencial, mostrando una fotografía a la madre del magistrado en lugar de permitir la identificación directa.

La activista también cuestionó la limitada evidencia utilizada por la Fiscalía, basada en solo dos videos que muestran la entrada al fraccionamiento y la casa, descartando la posibilidad de un ingreso no detectado.

El colectivo denunció que las autoridades no han entrevistado a fondo a los vecinos ni a los guardias de la privada, a pesar de que un residente aseguró haber escuchado gritos de auxilio.

Además, Paredes subrayó que el colectivo conocía de cerca a Baena y Herrera, y afirmó que tenían una relación sana, desafiando las descripciones de las autoridades que afirmaron que Herrera asesinó a Baena con una navaja para rasurar.

La activista cuestionó la rapidez y certeza de los resultados presentados en las primeras 24 horas y señaló que la falta de entrevistas detalladas a los residentes y la limitada evidencia plantean dudas sobre la integridad del proceso de investigación.