En un movimiento significativo para la política de Nuevo León, el gobernador Samuel García y el Congreso estatal han comenzado con el desistimiento de los más de 40 juicios en la Suprema Corte y Tribunales Federales. Estos casos estaban relacionados con el presupuesto, la fiscalía y diversas designaciones, marcando un paso hacia la conciliación y la colaboración.

El conflicto entre el ejecutivo y el legislativo se intensificó por la disputa sobre el presupuesto estatal y las designaciones clave, incluidos los fiscales Anticorrupción y Electoral, así como el auditor superior. Estas disputas legales comenzaron tras las designaciones hechas por el Congreso hace ocho meses.

Según fuentes legislativas, el acuerdo implica que el Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica, y el Congreso, a través de su Dirección Jurídica, coordinen el desistimiento de los litigios y se entreguen los documentos necesarios para que la Dirección Jurídica legislativa haga lo propio.

Este desarrollo se alinea con la reciente publicación de los acuerdos legislativos en el Periódico Oficial del Estado, lo que legitima las designaciones previas realizadas por el Congreso.

La publicación de los nombramientos en el Periódico Oficial del Estado, que incluye a figuras como Javier Garza y Garza, como fiscal anticorrupción, a Javier Solís como fiscal Electoral y a Susana Mendez al frente de la CNDH, sugiere un reconocimiento formal y podría augurar un periodo de estabilidad y cooperación.

Este cambio es visto como parte de una estrategia más amplia para facilitar el diálogo y la negociación presupuestaria, crucial para el nombramiento del Fiscal General.

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